Guayaquil, Ecuador
Luego de la segunda orden de detención que recae sobre el jefe de la banda correísta, el Ecuador debería iniciar un diálogo constructivo con el gobierno belga. Al margen de lo que diga o deje de hacer la Interpol –que no es un tribunal de justicia–, lo cierto es que el Reino de Bélgica alberga en su territorio a un prófugo de la justicia ecuatoriana, a un prófugo sobre quien pesan serias acusaciones. Que sea o no casado con una ciudadana belga es irrelevante. Lo cierto es que un delincuente como Correa no puede seguir muy campante en Bélgica, dando entrevistas a diario y tomándose un café en la Grand-Place como si nada ha pasado.
El tratado de extradición que tenemos con Bélgica, a pesar de su antigüedad, sigue vigente. Ambas naciones son, además, signatarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003. Sus artículos 43 al 50 establecen una serie de mecanismos de cooperación que son vinculantes para las partes, y que podrían ser un buen punto de partida.
Las autoridades de esa nación europea deben, por un mínimo sentido de cortesía diplomática, al menos ayudar a ubicar su actual domicilio, algo que un investigador común y corriente lo haría en 24 horas. Debe aclararse, en definitiva, cuál es su estatus en esa nación, una nación con la que el Ecuador ha tenido siempre cordiales relaciones de mutuo respeto. Y es que resulta inadmisible que el gobierno belga permita que desde su suelo este sujeto siga ofendiendo a la justicia ecuatoriana y burlándose del Ecuador entero. Aunque el país sabe que su cobardía le impide regresar, las reglas de la diplomacia no se hicieron para proteger a esta calaña de individuos. Con que se informe sobre este asunto ya sería bastante.
Y es que nuestro país no puede darse el lujo de transigir con la corrupción correísta, tal como sucedió en Argentina con el kirchnerismo. A diferencia de Cristina Fernández, Correa no goza de inmunidad por lo que su procesamiento penal no requiere de autorización parlamentaria alguna. Además, los delitos de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito no prescriben y son delitos cuyo procesamiento puede llevarse a cabo aun en ausencia del acusado. A diferencia del Ecuador, y más por una tradición constitucional que por una disposición legal, en Argentina su Congreso no retira el fuero a sus miembros a pedido judicial sino hasta que haya una sentencia firme, algo que la senadora Fernández logró posponer y posponer a pesar del peso de las evidencias en su contra durante la investigación. Pero sobre todo, lo que más le ayudó fue la actitud de sus adversarios que, siguiendo el criterio de consultores y no de su conciencia, prefirieron anteponer su cálculo electoral a los valores de la justicia.
Lo sucedido en Argentina prueba una vez más que transigir con la corrupción o manosear su combate por motivos electorales o, lo que es peor, guardar silencio ante ella, significa condenar a una sociedad al fracaso.(O)