Los delitos del correísmo que invalidan sus escaños alcanzados

Mario Pazmiño

Quito, Ecuador

Los procesos judiciales instaurados y/o en investigación por la Fiscalía en casos como Odebrecht, Arroz Verde, INApaper, la manipulación de procesos judiciales, los actos de cohecho, corrupción entre muchos más delitos, dejan muy en claro que el movimiento Alianza País cometió un sinnúmero de violaciones a la democracia que no solo afectan su imagen política sino que invalidan automáticamente los escaños y dignidades alcanzadas fraudulentamente.

El país tiene la mala costumbre de ver solo el escándalo mediático y no analizar las consecuencias de los actos fraudulentos que generaron estas acciones. Solo el hecho de pensar que recursos mal ávidos fueron utilizados para ganar elecciones y que esos funcionarios ilegales, se encuentran todavía en funciones como actores que juzgan la moralidad y ética pública, debería hacernos reflexionar pues esa es una característica de lo que la comunidad internacional define como un Estado fallido.

Funcionarios estatales cubiertos bajo un velo de supuesta inocencia o amparados en la inmunidad de sus cargos, son los que se encargan de proteger a sus partidarios y determinar qué es legal e ilegal. Son varios delitos que se conjugan en este entramado de corrupción y tráfico de influencias de un movimiento que ofreció una revolución y la convirtió en un festín del atraco en todos los niveles de la administración pública y todos los poderes del Estado.

Los delitos de Alianza País hoy en día, un cadáver político con dinero mal habido:

  1. Peculado, art. 278 COIP, funcionarios públicos utilizaron los bienes del Estado para realizar negociaciones ilegales, que permitieron que Odebrecht, entre otras empresas entreguen dineros no declarados en beneficio de un movimiento político y otros funcionarios públicos en funciones.
  • Enriquecimiento Ilícito, art. 279 COIP, recibir y utilizar dineros ilegales  para la campaña, algunos de los cuales fueron a manos directas o cuentas bancarias dentro y fuera del país de funcionarios públicos.
  • Cohecho, art. 280 COIP, recibieron y aceptaron beneficio económico indebido de Odebrecht, con la oferta de omitir y reformar informes de Controlaría.
  • Concusión, art. 281 COIP, como funcionarios públicos abusaron de sus cargos públicos,  y exigieron contribuciones a las empresas contratistas, a cambio de otorgarles contratos con el Estado.
  • Delincuencia Organizada, art. 369 COIP, formaron un grupo estructurado, permanente a fin de exigir, recaudar y repartir dineros ilegales, provenientes de las empresas que querían contratar con el Estado o ya mantenían algún contrato.

Alianza País utilizó para las campañas, recursos provenientes de contribuciones o coimas a cambio de contratos o favores. Todo el proceso electoral en el cual participó esta organización es fraudulenta e ilegal como lo establece el Código de la Democracia en sus Art. 275, numerales 3 y 4 en concordancia con el Art. 296 numerales 1 y 2, debiendo iniciarse de oficio las acciones por parte de Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral contra esta organización y sus dignidades designadas.

Paralelamente el pueblo debe exigir la salida de todos los funcionarios que fueron elegidos fraudulentamente o seguiremos inclinando la cabeza como sociedad ante la impunidad.

La corrupción no solo es robar de las arcas fiscales es también despojar la dignidad, la moral y la ética de todo un país.

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