Guayaquil, Ecuador
La situación económica y social del país era tremendamente crítica. El Gobierno de Lenín Moreno había heredado un país lleno de deudas y políticamente difícil de manejar de manera adecuada; había que tomar medidas urgentes en lo económico, en lo social y en lo político, las cuales se venían aplazando, estaban represadas, con el peligro que se desborden.
Estábamos viviendo de los préstamos y al presidente Moreno le tocó tomar medidas heróicas: la eliminación de los subsidios a los combustibles, decisión inflamable que se convirtió en el detonante para la protesta social que devino en unos días de pesadilla para el país.
De inmediato vino la reacción, primero del poderoso transporte pesado, gremio que estaba acostumbrado al chantaje para obtener canonjías y privilegio, igual que los taxistas, con capacidad de paralizar al país, convocaron a un paro. El Gobierno, de alguna forma, logró negociar y, aparentemente, se tranquilizaron, pero se quedaron a la expectativa.
Los movimientos indígenas, encabezados por la CONAIE y su brazo político PACHAKUTIK, anunciaron movilizaciones; lo habían hecho anteriormente y tuvieron un papel protagónico en las caídas de los Gobiernos de Mahuad y de Gutiérrez.
Las amenazas no fueron debidamente dimensionadas, especialmente la de los indígenas; la información es vital para la toma de decisiones más adecuadas, dependiendo de la amenaza. Recordemos que la Secretaría de Inteligenia (SENAIN) en los tiempos de Correa era utilizada para el control y persecución a los que creía que eran sus adversarios, en este Gobierno se la eliminó y estaba en proceso de reestructuración.
Los indígenas, especialmente de la Sierra y de la Amazonía, se movilizaron con facilidad, sin que hubiera contención. El objetivo era tomarse la capital y presionar al Gobierno para que derogue las medidas; la virulencia de las protestas no se había visto nunca, no solo de los indígenas: a estas se sumaron delincuentes comunes que se aprovecharon para cometer todo tipo de fechorías; igual la presencia de los Latin Kings, maras criollas, aliados de Correa, ponían su cuota de violencia. A estos grupos beligerantes se sumaron cientos de jóvenes de la periferia de la ciudad, desocupados muchos de ellos, con seguridad, no tuvieron acceso a los centros educativos del estatales, por falta de cupo, en estas protestas encontraron la forma de tomarse la revancha contra una sociedad que les había negado alguna oportunidad.
A este coctel explosivo que cometió todo tipo de actos de violencia, más cerca al terrorismo, sin reparar en el terrible daño que hacían a un país ya empobrecido, se sumaron las maniobras desestabilizadoras de Correa que con sus quinta columnas atizaban la violencia y trataron de pescar a río revuelto, conspiración planificada para crear las condiciones del retorno al poder de Correa, con el apoyo de las dictaduras de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua.
Las consignas de Ricardo Patiño, uno de los principales lugartenientes de Correa, especializado en manipular a las masa en Cuba y Nicaragua, encontraron el momento de ponerlas en práctica: “Resistencia combativa, tomarse las calles, edificios del Gobierno y cerrar las carreteras”, para eso contaban con recursos económicos, capacidad de movilización y apoyo de algunas autoridades afines a Correa.
El ejército de troles que utilizó Correa durante su mandato, estos días estuvieron muy activos en las redes sociales, para desinformar y enviar información falsa como la supuesta toma de Carondelet o que las Fuerzas Armadas le habían retirado el apoyo al presidente Moreno.
A la distancia, Rafael Correa monitoreaba la situación violenta que vivía el país, y en forma especial Quito, esperaba agazapado y listo para volver, como declaró en una de sus intervenciones; con seguridad, su sueño era volver como en Argentina lo hizo el general Juan Domingo Perón (1973), quien fue recibido por una muchedumbre que lo aclamaba y a quien el presidente Héctor Cámpora le facilitó el retorno al poder, renunciando.
La ciudadanía de la Provincia de Pichincha y de la ciudad de Quito debe organizarse y emplear el mandato constitucional, para revocarles el mandato al alcalde de Quito y a la prefecta de Pichincha, responsables directos por acción u omisión de la tragedia inédita vivida en estos días.
Un reconocimiento especial se merecen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que sin equipo y armamento adecuado para controlar y neutralizar a quienes con saña y violencia les agredieron de palabra y obra, estoicamente se sacrificaron para devolvernos la paz y la tranquilidad que demanda la gran mayoría de ecuatorianos.
El presidente Moreno, a quien le toca restañar heridas, hizo bien en no claudicar en sus decisiones. Debe defender la poca institucionalidad que nos queda y poner especial empeño en el campo; somos un país históricamente agrícola, la postergación de los agricultores, campesinos e indígenas ha sido permanente. No hay que olvidarse de las demandas ciudadanas, son las dos más importantes: trabajo y seguridad.
Vuelvo a insistir sobre lo que he venido sosteniendo: el presidente Moreno debe convocar a una gran minga cívica, para eso debe establecer un Gobierno de unidad nacional, con ciudadanos, hombres y mujeres, de reconocido prestigio y patriotismo, que estén dispuestos a sacrificarse por el país. Las autoridades judiciales deben instaurar los procesos respectivos para castigar con severidad a los responsables del más grande daño hecho a Quito y al país.