Quito, Ecuador
La crisis socio-económica que atraviesa el país como resultado de un proceso revolucionario, que decía defender a los más pobres, demostró en la práctica que el socialismo del siglo XXI es una organización delictiva transnacional que se adueñó del país para saquearlo y continuar delinquiendo.
La independencia de los poderes del Estado, el respeto a las libertades y derecho de la sociedad fue para esta gavilla de delincuentes un raído texto escrito en un panfleto llamado Constitución, para ser violado permanentemente a fin de que su caudillo populista se eternice en el poder.
El festín de los patrimonios del Estado, el endeudamiento agresivo, la venta de los recursos a las transnacionales chinas, la protección a los funcionaros gubernamentales corruptos, el mantenimiento de una burbuja burocrática, tenían en algún momento que hacer metástasis en una sociedad y un gobierno de indecisiones e improvisaciones permanentes.
El gobierno de Lenin Moreno tomó la decisión de suspender los subsidios para cumplir con el acuerdo con el FMI y de esta forma tratar de reencausar la economía nacional. Su intención pudo haber sido buena pero la afectación a las clases más desposeídas ha generado una violencia social que no es habitual en nuestro país.
Rafael Correa, “el encantador de borregos”, que desde mucho tiempo atrás venía impulsando la desestabilización del gobierno de su ex compañero de fórmula, no vio mejor oportunidad para meter toda la leña al brasero y calentar las calles para propiciar un golpe de estado blando; términos y prácticas que cuando ejercía la presidencia eran una herejía siquiera pensarlo, peor salir a las calles a protestar, pues la prisión por terrorismo era su justificativo de intimidación legal.
Todas las estructuras de control y seguridad del Estado nunca anticiparon el desenlace de estos escenarios apocalípticos para la estabilidad democrática del país.
Lenin Moreno decreta un estado de excepción a nivel nacional con la intención de frenar el desarrollo de un paro indefinido. La medida tomada por el gobierno, constituyó una burla para los manifestantes que continuaron alterando el orden con las intenciones de derrocar al presidente, dejando a su paso destrucción, saqueo, vandalismo, inseguridad y caos en todo el territorio nacional.
La protesta social que perseguía fines reivindicativos para los indígenas y el pueblo más desposeído, fue tergiversada e infiltrada por quinta columnistas y agitadores profesionales que utilizaron la desinformación y el vandalismo para crear el caos y tratar de generar un golpe de estado orquestado por correistas con apoyo internacional que consideraron una oportunidad para retornar al poder.
El gobierno, presionado por las organizaciones indígenas y sociales que tenían 11 días de protestas con violencia y vandalismo, llama a un diálogo en busca de la paz y la reconciliación ciudadana. Estas negociaciones tiene como resultado la eliminación del decreto 883 (eliminación de subsidios) y la emisión de otro decreto con el apoyo de las organizaciones sociales.
Las lecciones que nos deja estos días de paralización en donde nadie ganó, todos perdimos, son muy graves. Pudimos constatar que el gobierno se encuentra debilitado y que puede ser presa fácil de cualquier reclamo social. La infiltración y vandalismo ejecutados demuestran que el país sobrepasó la línea de la tranquilidad y entró en la del terrorismo y sedición urbana. El Estado demostró que no tiene un sistema adecuado de Inteligencia que le alerte sobre las amenazas existentes nacionales e internacionales. La infiltración del correísmo en la estructura gubernamental es tan grande que está torpedeando la administración del presidente Moreno. El país exige al gobierno un cambio de 180° que permita salir de esta crisis y caminar en terreno más firme.
Un proceso de paz que se construye con una base de impunidad y de hechos vandálicos no es una garantía de éxito y tranquilidad para el país; son más bien los nubarrones de una tormenta apocalíptica que se está gestando y que arrasará la democracia y el estado de derecho.