Guayaquil, Ecuador
El capo de la mafia correísta no está contento. Su insaciable apetito de destrucción no está aún satisfecho; probablemente nunca lo esté. Todavía les queda mucho por arrasar. El correísmo mutó de una vulgar pandilla de asaltantes de fondos públicos a una fuerza terrorista. Hoy sus aliados son los dirigentes indígenas –no es una coincidencia que estén abogando por los pocos vándalos apresados y la prefecta Pabón–, pero mañana serán otros. Y el pretexto ya no serán los subsidios al diésel –un subsidio apetecido por los narcotraficantes, los contrabandistas, algunos empresarios y ciertos políticos de Manabí–, sino que inventarán uno nuevo.
El país debe estar consciente de que en los próximos años el correísmo será en el Ecuador lo que los carteles son para México, el independentismo nacionalista para España o las FARC para Colombia. Será una fuerza destructiva, una organización criminal bien conectada internacionalmente y bien financiada. Una fuerza que va a explotar a su favor el daño que ella mismo le infligió a la economía ecuatoriana –daño que tomará mucho tiempo en reparar–, una fuerza que buscará beneficiarse de la ineptitud de muchos de nuestros políticos, la debilidad de nuestras instituciones, las disparidades sociales que su modelo estatista se encargó de agudizar brutalmente, de la cultura de ilegalidad de nuestra sociedad y de la presencia aun de ciertas élites trasnochadas e ignorantes.
Las fuerzas que arrasaron Quito y que se oponen a eliminar los subsidios de los combustibles fósiles son las mismas que vienen oponiéndose a todo atisbo de modernización: se opusieron a la dolarización, al OCP, a los acuerdos comerciales, a la Base de Manta para controlar el narcotráfico, al trabajo por horas, a las concesiones, y así por el estilo. La situación de dominación que hoy ejercen los líderes indígenas sobre los campesinos de la serranía, y que quedó al descubierto con las revelaciones de varios indígenas de que les imponen multas y les cortan el agua si no se movilizan, esa situación de servidumbre es la que se ve amenazada por un sistema de producción capitalista que convertiría a los campesinos en empresarios. Los más vandalizados en Quito fueron los pequeños empresarios. Correa y los líderes indígenas saben que es la clase media a la que deben destruir.
Ahora resulta que el Sr. Vargas y el prefecto del Azuay no quieren responder por sus actos. Es más, en los últimos días han hecho declaraciones en las que admiten abiertamente haber violado la ley. Pero al igual que Correa y al igual que muchos dueños de este país, gente que se cree intocable porque han ganado elecciones o porque son populares o porque tienen poder económico, ahora Vargas, Iza y compañía tampoco quieren asumir las consecuencias legales de sus actos y reclaman impunidad.
¿ Quién va a pagar la factura de la destrucción provocada por el movimiento indígena? Serán los de siempre: los empresarios, los profesionales y los empleados, con más impuestos. Los mismos que deberán pagar la factura de la corrupción correísta. (O)