Corte Constitucional, un año

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

La nueva Corte Constitucional cumple un año de funciones en estos días. En muchos países del mundo un hecho como este no debería y, en efecto, no llama mucho la atención. Pero no en nuestro país. Luego de estar gobernados por más de una década por una dictadura corrupta, liderada por una pandilla de delincuentes y encabezada por un mafioso, una banda que no tuvo empacho en pisotear la Constitución, arrasar con las libertades públicas y someter a todos los poderes del Estado, luego de semejantes años, decía, la instalación de una Corte Constitucional independiente conformada por magistrados serios y honestos fue y ha sido uno de los pasos más trascendentales que ha dado la sociedad ecuatoriana para recuperar la institucionalización de su democracia luego de esa década perdida.

Una democracia constitucional moderna es impensable sin un sistema de control constitucional. Dichos sistemas funcionan de diversas formas, en unos países el control constitucional lo asume un órgano independiente de los poderes estatales tradicionales, en otros casos dicho control recae y se concentra en el poder judicial, y en particular en su más alto tribunal de justicia (Corte Suprema, Corte Nacional, etc.), mientras que, en otros países, se recurre a un control constitucional que resulta de una combinación de ambos modelos. Pero lo importante, lo que interesa, lo que los ciudadanos esperan y lo que la sociedad necesita es que se trate de un sistema que goce de independencia frente a las veleidades de los poderes políticos o económicos, que sus magistrados sean personas preparadas y honestas, y que sus decisiones sean respetadas y cumplidas por los poderes públicos. En otras palabras, que sea una institución que tenga prestigio y sobre todo que inspire confianza.

Los jueces constitucionales –hombres y mujeres– enfrentan complejos y difíciles problemas a diario tanto en sociedades como a la nuestra o en otras diferentes. Su misión de vigilar la efectiva vigencia de la Constitución, especialmente los derechos reconocidos en ella y en las convenciones internacionales, es una misión que deben desarrollarla navegando entre la dogmática jurídica y las realidades políticas. La jurisdicción constitucional no solo resuelve casos, sino que va más allá: sirve y contribuye a la formación de una opinión pública constitucional. Algo que es esencial para una democracia, y que es lo que más nos hace falta en el Ecuador. La Constitución, después de todo, no es sino el cauce de expresión jurídica de un orden político.

Y es entre ambos mares –el del derecho y el de la política– por donde deben navegar sus operadores. Una tarea nada fácil, especialmente en Latinoamérica donde el contrapeso frente a un presidencialismo cada día más feroz ya no lo vienen realizando las legislaturas sino las cortes o tribunales constitucionales. En su primer año, la actual Corte Constitucional ha abordado algunos asuntos difíciles y de gran trascendencia. Es probable que con algunas de estas decisiones no todos coincidamos, pero lo que no puede negarse es que son decisiones bien argumentadas y razonadas. Y esto es mucho decir hoy en día.

(O)

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