El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, en su Análisis del Desarrollo Mediático en Ecuador-2011, señala que no existe ninguna disposición legal que autorice el cierre de medios audiovisuales e impresos, en función de sus contenidos o de las informaciones que publiquen. Así lo informó diario Hoy, en su edición de hoy.
El estudio, que es parte del capítulo «Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación», dice además que en el caso de la radio y la televisión, la Ley de Radiodifusión y Televisión establece que el contrato de concesión solo se dará por terminado por reincidencia de faltas de carácter técnico, que hubiesen sido sancionadas con dos multas y una suspensión.
Incluso, en el documento de 160 páginas, se sostiene que en el Proyecto de Ley de Comunicación que se debate en la Comisión de Comunicación (COC), no se establecen sanciones que conlleven al cierre o a la suspensión de un medio por razones de contenido.
El documento, elaborado por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, se basa en la aplicación de los indicadores de Desarrollo Mediático de la Unesco, puntualiza que no debe haber restricciones explícitas, ni ocultas al acceso al papel periódico y a las redes de distribución.
En el Ecuador, la importación de papel periódico hasta la expedición de la Ley de Reformas Tributarias, en 2009, no pagaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero, luego se impuso el 12% de ese tributo.
Los directivos de los medios impresos sostuvieron que el Gobierno busca acallar a la prensa y que la decisión era una dedicatoria al sector.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) también calificó a la medida como «un ataque contra la prensa independiente», destaca el informe.
Consultados sobre esta problemática, los analistas políticos León Espinoza y Lautaro Ojeda coincidieron en que los medios no deben ser cerrados por difundir información, pero relevaron la importancia de la regulación.
Espinoza dijo que eventuales sanciones a medios por difundir, por ejemplo, información no verificada, deben estar sujetas a lo establecido en los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.
Es decir, si por cualquier circunstancia, un medio comete un error, la sanción no debería contemplar el afán punitivo y sancionador, sino apuntar a un castigo administrativo relacionado con multas, o la suspensión temporal de la persona encargada de difundir la noticia.
Ojeda dijo que la regulación de contenidos es imprescindible, ante los excesos, en especial de hechos de crónica roja difundidos por televisión y ciertos impresos. Agregó que hay varios estudios que revelan que este tipo de información influye negativamente en niños, personas con baja educación y en estratos que viven en situación de miseria.
Nace propuesta para crear un consejo de autorregulación
El Centro de Observación Ciudadana (COC) -organización de la sociedad civil- presidida por Xavier Buendía, plantea la creación de un organismo de carácter privado, sin fines de lucro que, basado en los derechos de participación, articule esfuerzos para la creación de un consejo nacional ciudadano de autorregulación de medios.
«Es momento de exigir respeto a los medios privados y públicos frente a la información que emiten y que atenta contra la fe pública, la paz social y la construcción de estabilidad democrática», enfatizó Buendía. Para el 21 de julio en Cuenca, el COC convocó a varios organismos, entre ellos a representantes de la AEDEP, la AER, de la Secretaría de Comunicación del Estado, del Colegio de Periodistas del Azuay y de las facultades de Comunicación Social del país, para que inicien un debate sobre cómo debería estar constituido y cuáles deberían ser las atribuciones del Consejo de Autorregulación.