El Gobierno aún no se ha pronunciado respecto de la recomendación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de los 31 magistrados en el 2004.
Pese a que el organismo internacional dio un plazo de 60 días, que se cumplieron el 17 de julio pasado, el Ejecutivo no ha tomado las medidas sugeridas.
En esta resolución la CIDHrealiza tres recomendaciones: la restitución en sus cargos o en otros de la misma jerarquía en la Función Judicial o el pago de una indemnización por la remoción de sus puestos (si el Estado demuestra que es imposible la restitución).
Además, sugiere el pago de las remuneraciones que debieron recibir desde el momento de su destitución hasta su restitución o el pago de la indemnización correspondiente y una adopción de medidas de no repetición.
En vista de que hasta mediados del mes pasado el Estado no acogió la recomendación, la demanda fue trasladada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fin es que esta, en el plazo de un año, analice el caso y dicte una sentencia condenatoria.
Los magistrados fueron destituidos de sus cargos la noche y madrugada del 4 de diciembre, por el Pleno del Congreso Nacional, en una sesión extraordinaria convocada por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez. La remoción se dio bajo la interpretación de que los períodos de los jueces fenecieron.
Sin embargo, ellos fueron elegidos a través de una selección realizada por colegios electorales y luego por una comisión especial. Eso fue avalado por el Congreso Nacional que finalmente escogió a los 31 ministros con nombramientos de carácter vitalicio. Ante estos hechos, los 28 magistrados presentaron una denuncia argumentando que hubo violaciones legales y constitucionales.
En la misma sesión se eligió a los magistrados para conformar una nueva Corte Suprema, que estuvo presidida por Guillermo Castro, apodado ‘Pichi’. Según los magistrados destituidos, quienes enviaron la demanda a la Convención el 24 de diciembre del 2004, la mayoría de nuevos jueces pertenecía al Partido Roldosista Ecuatoriano. El propósito supuestamente era el cumplimiento de un compromiso entre Gutiérrez y el también ex presidente Abdalá Bucaram, para que se declarara nulidad en su juicio por peculado y así pudiera volver al país. Asimismo, se buscaba anular otros fallos en contra del ex vicepresidente Alberto Dahik y de Gustavo Noboa, igualmente por abuso de fondos públicos.
La resolución favorable de esas causas fue el detonante para la caída de la ‘Pichi’ corte y del Gobierno de Gutiérrez.
El informe de la CIDH, que ya está publicado en su página web, indica que “la remoción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador fue arbitraria, “en ausencia de un marco legal claro, que regulase las causales y procedimientos de separación de su cargo, y en desconocimiento de las normas constitucionales en virtud de las cuales fueron nombrados en cuanto al carácter indefinido de su designación y el sistema de cooptación (la Corte elige a sus jueces) como forma de llenar posibles vacantes”.
El texto también menciona que “las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse. Tampoco tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que les amparara frente a la actuación arbitraria del Congreso Nacional. Estos hechos ocurrieron en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador”.
Por lo que el Informe del Art. 50 recomienda al Gobierno las tres reparaciones concretas. Este Diario pidió el pronunciamiento del procurador, Diego García, que es el encargado de defender al Estado en estos casos. Pero hasta el cierre de la edición no hubo ninguna respuesta.
La demanda fue notificada a la Corte en San José, Costa Rica, hace 15 días, y el boletín con la información de fondo del caso se ha difundido por todo el continente y parte de Europa. En el escrito se menciona de forma trascendente que no se puede atentar contra la independencia de la Función Judicial en forma alguna y peor con destituciones sin juicio previo.
Para Carlos Riofrío, uno de los ex magistrados, la destitución no tuvo una base legal. Considera que la decisión fue política y sin fundamento. “Las indemnizaciones deben cobrarse al coronel Gutiérrez y a todos los legisladores, no fueron todos, pero a la mayoría que aprobó el cesamiento”.
Acerca de la restitución en sus cargos o en otros de la misma jerarquía, Nicolás Castro, ex magistrado de ese Tribunal, dice que los afectados no han tenido ninguna reunión para tratar ese tema.
“La recomendación que hace (la Convención) es que esa reincorporación a la Corte Suprema está supeditada a la decisión de los propios magistrados cesados y a las posibilidades del Estado”. La CIDH emitió un documento para los magistrados, en absoluta reserva, antes de la publicación del boletín. Según Castro, en uno de los literales se dice que “se reincorporará a las víctimas -si así lo desean- a la Función Judicial”.
Lo importante -señala Castro- es que el Ecuador entienda que los magistrados fuimos víctimas de la violación de los derechos humanos y que eso no se debe volver a repetir.
Durante el 2004, cada magistrado ganaba aproximadamente USD 5 000 mensuales. El pago de estas remuneraciones deberá contabilizarse desde enero del 2005 hasta la fecha en que se los restituya nuevamente. Por cada magistrado el Estado debería pagar USD 420 000 por siete años y eso significaría USD 11 760 000 en total por los 28. “No estamos detrás del dinero. Lo que nos interesaba era el reconocimiento de la situación moral causada cuando nos cesaron y cuando nos sacaron a la fuerza de nuestros despachos”, finalizó Riofrío.
En el 2004, el Congreso Nacional cesó a los miembros vitalicios de la Corte Suprema de Justicia
15/05/1998
Se nombra a 31 jueces para la entonces Corte Suprema de Justicia, con períodos vitalicios. Además a 191 ministros para ocupar las 20 cortes superiores y tribunales.
08/12/2004
La mayoría del Congreso, compuesta por el PRE, Prian, Pachakutik y PSP, cesó en sus funciones a los 31 magistrados vitalicios.
10/12/2004
Ramón Rodríguez fue electo presidente de la Corte, pero renunció un mes más tarde. Asumió el cargo Guillermo el ‘Pichi’ Castro, el 13 de enero del 2005.
17/04/2005
La oposición, con 89 votos, logró aprobar una resolución que dejó sin efecto lo actuado el 8 de diciembre de 2004, con lo cual la ‘Pichi’ Corte fue cesada.
30/11/2005
Los 31 magistrados, escogidos por una Comisión especial mediante concurso, fueron posesionados tras un proceso seguido por veedurías internacionales.
Fuente: El Comercio