La Procuraduría General del Estado presentó dos contrademandas contra la petrolera estadounidense Burlington en las que le exige 504 millones de dólares por daños ambientales y por el mal estado de la infraestructura de los Bloques 7 y 21 en la Amazonía, como parte de un proceso arbitral que enfrenta a las dos partes desde 2008.
La primera contrademanda de Ecuador se basa en pasivos ambientales en los bloques 7 y 21, determinados en auditorías técnicas hechas por expertos internacionales. Con este antecedente, la defensa ecuatoriana solicitó al Tribunal Arbitral que declare a Burlington responsable de esos daños y condene a la empresa a su reparación integral, por un monto equivalente a 488 millones de dólares.
La segunda contrademanda presentada busca que el Tribunal Arbitral declare a Burlington responsable por el deficiente y pobre estado de operación de los bloques 7 y 21, en particular por el mal estado de la infraestructura y equipamiento necesarios para su operación. En este caso, se busca que la empresa indemnice al Estado ecuatoriano por todos los costos en los que debió incurrir para recuperar la operación funcional según los estándares de la industria petrolera, tal como lo exigía el Contrato de Participación Petrolera y la legislación ecuatoriana. Esta pretensión asciende a 16 millones de dólares.
Con la presentación de estas dos contrademandas, se ha iniciado una nueva etapa procesal dentro de este arbitraje internacional, que concluirá en 2013 cuando el Tribunal Arbitral emita el respectivo laudo, según la Procuraduría.
Burlington Resourses Inc., inició en el año 2008 un arbitraje internacional ante el CIADI, debido a la promulgación de la Ley 42 y sus efectos en el Contrato de Participación y Producción de los Bloques 7 y 21 del cual era parte conjuntamente con la compañía Perenco.
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