Amnistía Internacional (AI) consideró este viernes una «victoria clave» el apoyo dado por un tribunal de derechos humanos a la comunidad Sarayaku de la Amazonía ecuatoriana, que se enfrentó a una petrolera argentina que había explotado sus tierras.
AI ha dado la bienvenida al fallo de un tribunal interamericano, anunciado el miércoles, a favor de ese pueblo, que ha puesto fin a una batalla legal de diez años, después de que las autoridades de Ecuador permitieran en 1996 a la Compañía General de Combustibles (CGC) explotar las tierras de los Sarayaku sin previa consulta.
Esa empresa argentina entró en la zona con el apoyo de soldados ecuatorianos, mientras que la comunidad indígena se movilizó para defender su territorio y logró expulsarla tras una disputa que no causó víctimas, motivo por el cual el actual Gobierno ecuatoriano indemnizó recientemente a CGC con 20 millones de dólares.
El pasado 21 de abril, Ecuador admitió la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de ese pueblo al haber concedido el permiso a la petrolera sin conocimiento de los indígenas.
En un comunicado emitido hoy en Londres, la investigadora sobre derechos económicos, sociales y culturales de las Américas para Amnistía, Fernanda Doz Costa, dijo que la sentencia «tendrá un efecto de largo alcance sobre países de la región» para poner en marcha procesos de consulta antes de involucrarse en proyectos que afecten a comunidades indígenas o sus derechos.
El fallo «establece en detalle cómo deberían llevarse a cabo procesos de consulta: de buena fe y mediante procedimientos apropiados culturalmente que tengan como objetivo llegar a un consenso», señaló Doz Costa.
Esta responsable subrayó además que «la exploración o extracción de recursos naturales no puede realizarse a expensas de los medios de supervivencia física o cultural de comunidades indígenas en su propia tierra».
Ese dictamen a favor de esa comunidad amazónica se produce en un momento clave en el que muchos Gobiernos de la región niegan a los indígenas de las Américas su derecho a hacerse oír cuando se trata de adoptar decisiones que tienen consecuencias devastadoras para su supervivencia, afirmó la organización.
Por su parte, el líder sarayaku, José Gualinga, afirmó en la misma nota de AI que su pueblo se siente «extremadamente satisfecho con esta victoria, alcanzada gracias a los esfuerzos de nuestras gentes y la ayuda y solidaridad de organizaciones dedicadas a los derechos de los indígenas».
Por ello, Gualinga también se mostró convencido de que esa victoria tendrá un impacto en toda la región. EFE
*Foto: Diario La Hora
Claro! O sea que ahora todos los ecuatorianos debemos pagar al clan de
familias indígenas de Sarayaku (Viteri-Gualinga-Santi…) el hecho de
que la empresa argentina CGC haya colocado 1.400 kilos de explosivos en
ese territorio, siendo autorizada por el gobierno de aquel tiempo?. Por
qué tenemos que pagar todos los ecuatorianos a unas cuántas familias
por un hecho en el que no tuvimos nada que ver??? Por qué no tiene que
pagar esa indemnización la CGC?. Y cuánto recibirán de indemnización el
actual director del ECORAE (institución estatal de ecodesarrollo para la
Amazonía), Carlos Viteri Gualinga y familia, nativos de Sarayaku?…
Gobierno remediará daños causados en administración de Lucio Gutiérrez al pueblo Sarayaku.
El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, confirmó que el Estado acatará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena ofrecer disculpas públicas y pagar una reparación económica al pueblo Sarayaku, por los hechos ocurridos en la administración del derrocado Lucio Gutiérrez. “La Corte ha pedido que hagamos disculpas públicas, las haremos en su momento –vamos a estudiarlas- hay reparaciones económicas que vamos a pagar, sabemos que esto no es responsabilidad del Presidente (Rafael) Correa sino del (ex) presidente (Lucio) Gutiérrez”, dijo el funcionario a periodistas.Mera refirió que fueron decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder en el gobierno de Gutiérrez que llevaron a no consultarle a la comunidad Sarayaku sobre la explotación petrolera, y originó hechos de violencia que nos están ordenando reparar.
Y la CIDH no era denostada por este gobierno, restándole legitimidad y buscando con el apoyo de la ALBA crear otro organismo de derechos humanos? Por qué ahora acatan una disposición que proviene de ese organismo a favor de la comunidad Sarayaku?. Qué intereses les mueven? Los verde-limón son la mar de la incoherencia y el oportunismo…