Familiares de los desaparecidos por el Cason Fybeca, ocurrido en Guayaquil el 19 de noviembre de 2003, acompañados por dirigentes de organizaciones de derechos humanos, se reunieron hoy en un acto especial al que denominaron Por Nueve años de Impunidad del caso Fybeca, en el centro comercial Gran Albocentro, en Guayaquil.
Esa mañana ocho personas fueron asesinadas, y otras tres desaparecieron, durante una incursión policial a una farmacia que estaba siendo asaltada en dicho centro comercial. Los muertos fueron Carlos Andrade Almeida, José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López, Raúl Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quishpe Portillo, Richard Gonzalo Tello Jácome, Genny Germán Aguiar Vargas y Jimmy Córdova Encalada. Los desaparecidos: Johnny Gómez Balda, Erwin Vivar Palma y César Mata Valenzuela.
Según la versión oficial, los ocho muertos eran asaltantes. Investigaciones posteriores comprobaron que entre los fallecidos se encontraba un cliente que había ido a comprar pañales y un mensajero de la farmacia. También se comprobó después que tres personas más habían sido capturadas por la policía, sin que nunca llegara a conocerse luego su paradero.
Nueve años después de ese hecho y pese a que las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo del Ecuador y la Veeduría de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción señalaron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad “no existe ninguna justicia”, dice Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité de los Derechos Humanos (CDH).
“Cada año nos juntamos para expresar que este caso no está olvidado, hay una gran cantidad de ciudadanos que recordamos el hecho como un escándalo y aspiramos a que se sancione a los responsables, que se haga justicia”, dice Navarrete, citado por el diario El Universo.
Al momento este proceso se analiza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Navarrete critica que hace unos meses la Procuraduría General del Estado haya contestado a esa entidad que en el caso Fybeca no habría méritos para que sea considerado una violación a los derechos humanos; y que el hecho denunciado aún se encuentra en una etapa de investigación dentro del país.
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