Pese a que el Tribunal Tercero de lo Penal declaró como «reservada» la audiencia de juzgamiento en contra de los diez ciudadanos acusados de terrorismo, y que fueron capturados por la policía en Luluncoto, en marzo del año pasado, gran parte de los detalles del proceso se han filtrado a la prensa.
Un reporte publicado por el diario HOY, sostiene que ninguno de los dos testigos citados por la Fiscalía, el cabo Santiago Viera, del Departamento de Análisis e Información de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), ni su superior, el coronel Mauro Vargas, han aportado evidencias concretas que vincule a los acusados con el cometimiento de «actos de terrorismo», como pretende la parte acusadora.
Según HOY, Vargas, director de la ULCO y Viera, su analista principal, encabezaron la operación policial denominada Sol Rojo, el pasado 3 de marzo, que consistió en el allanamiento de un departamento en Luluncoto donde se encontraban reunidos los acuados. Según los policías, la reunión era un cónclave secreto de la organización Grupo de Combatientes Populares (GCP), a la que responsabilizan de la colocación de cinco bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, entre noviembre y diciembre de 2011.
HOY revela detalles como el concerciente a la acusación contra Royce Gómez, un odontólogo guayaquileño que fue la persona a quien la Policía siguió hasta Luluncoto y constituye la punta del ovillo de todo el caso. Según la tesis de la Policía, recogida por la Fiscalía, su pertenencia al GCP se demuestra por haberse encontrado en su página de Facebook una ilustración del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que es la misma que se hallaba en los panfletos de una de las bombas de diciembre de 2011. Sin embargo, su abogado, Ciro Guzmán demostró ayer, con un simple búsqueda en Google, que esa misma ilustración, con la consigna «No creo en Santos», se hallaba en cientos de páginas Web.
Según HOY, incluso las certezas de la Policía sobre el GCP como responsable de las explosiones panfletarias, se han ido desdibujando. En algunas de esas explosiones, por ejemplo, los panfletos no hacían referencia al Grupo de Combatientes Populares, sino a un supuesto Ejército Guerrillero del Pueblo N15, que reivindicó otra explosión ocurrida en 2006. El coronel Vargas dijo que ese nombre es una fachada, pero tampoco pudo demostrarlo y esta afirmación quedó registrada en actas, por petición del juez, como una opinión.
La alegada evidencia de que en poder de los detenidos se encontró un documento sobre la masacre del 15 de noviembre de 1922 no mereció ningún comentario.
En cuanto a evidencia directa, la Fiscalía no ha sido capaz de presentar ninguna. El abogado Ramiro García planteó una pregunta directa a ambos testigos: ¿tiene evidencia de que alguno de los diez detenidos haya cometido algún delito? En ambos casos, la respuesta fue negativa, reportó HOY.
* Apifoto/Juan Cevallos.
Lo dicho:
La FISCALIA GENERAL, solo cumple las ordenes del JUEZ DE LA SUPREMA CORTE DE CARONDELET,presidida por el aupador de familiares delincuentes a quienes ayuda a escapar,el perfecto y omnipotente senor economista rafael vicente correa delgado
jajajajajajajaja madre dolorosa , reina de los sufridores!!!
PARA QUE LOS MUCHACHOS SE DEN CUENTA QUE LA IZQUIERDA NO PONE REPAROS, CUANDO SUS INTERESES ESTAN EN JUEGO….
JOVENES ECUATORIANOS TODOS ELLOS CON CAMISETAS, GORRAS, CANCIONES ETC ETC DEL CHE GUEVARA, ACUSADOS Y ENCARCELADOS POR GENTE QUE CANTA, BAILA, CHUPA, FUMA, Y MARICONEA AL RITMO DEL CHE….. (QUIEN LES ENTIENDE)
ESTAN BIEN REVOLUCIONARIOS DE PACOTILLA !!