El primero en tomar la palabra fue César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios. Dijo que la situación a marzo de este año es peor que en octubre del 2011, cuando acudieron a la anterior audiencia temática. Citó dos factores como ejemplo: “la metida de mano a la justicia” y “un proceso electoral asfixiado por reformas que restringieron el trabajo de los medios”.
Agregó que la judicialización de la opinión, el cierre de medios, el aumento del discurso estigmatizante, el uso de cadenas nacionales para atacar a periodistas y el asesinato de un comunicador atribuido a grupos delincuenciales forman parte de las 172 amenazas y agresiones contra la libertad de expresión, registradas en el 2012.
El periodista Christian Zurita señaló que tres medios se han visto obligados a retirar sus espacios de comentarios públicos por presiones oficiales. Además, mencionó que 1.365 cadenas obligatorias, por un total de 11.793 minutos, ha ordenado el gobierno de Rafael Correa desde el 2007 hasta el 2012.
Carlos López, representante de la estación Telesangay, criticó el cierre de ese medio y de Radio Canela de Macas, bajo el argumento estatal de que hacían “transmisiones clandestinas”.
Wilson Cabrera, propietario de esa emisora, resaltó que no pudo asistir a la audiencia en octubre del 2011 porque “sin argumento legal válido” migración le impidió salir del país.
Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, hizo cinco pedidos a los comisionados: que en la anunciada visita in loco a Ecuador recepten las versiones de la sociedad civil; que soliciten al Estado información actualizada sobre los casos planteados; que se exija a los funcionarios que cumplan con su trabajo apegados al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que la Comisión preste atención a cuerpos legales que prepara el Gobierno destinados a restringir libertades fundamentales: Ley de Comunicación, de Telecomunicaciones y Código Penal. Y solicitó que atienda a las consecuencias que pueden derivarse de la audiencia, recordando que luego de la presentación en el 2011 sufrieron represalias.
Por el Gobierno expuso el subsecretario de Comunicación, Patricio Barriga, quien dijo que Ecuador da importancia absoluta al Sistema de Derechos Humanos aunque discrepa en ciertos aspectos. “Hay inconsistencias dentro de la Comisión cuando se ha permitido el privilegio a una sola de las relatorías… Reaccionamos firmes para no permitir que agendas particulares estén sobre el desarrollo del país”.
La comisionada Dina Shelton dijo que ha comprobado que los periódicos en Ecuador muestran diversas opiniones. Advirtió que no se referiría a los temas planteados, pero hizo una pregunta: ¿Hay regulaciones para el cierre de estaciones de radio y televisión?
La relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, quiso saber “¿qué entiende el Estado de Ecuador por transmisión clandestina? No solo el número de emisoras es importante, sino el pluralismo. ¿Cuántos medios tiene el Estado?”, preguntó, e indicó que han podido observar semanalmente a funcionarios de Ecuador profiriendo calificativos como “basura”, “sicarios”.