El titular de la Legislatura, Fernando Cordero, convocó una sesión para este martes desde las 09h30 para tramitar en primer debate los proyectos de reformas a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; y, al inciso primero del artículo 968 del Código de Procedimiento Civil.
A las 12h30 se reinstalará la sesión No. 220, en la que se someterá a votación el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de la Contraloría General del Estado y continuará el segundo debate del proyecto de Ley del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras.
El debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental se desarrollará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Biodiversidad. En lo fundamental la normativa busca regular de forma eficiente la contaminación acústica. Para ello se recogieron varios criterios que fueron entregados por las autoridades locales y la propia academia.
El proyecto tiene como finalidad bajar los altos niveles de ruido existentes en la actualidad, lo cual ha generado efectos nocivos del ruido o de la contaminación sonora en los grandes y pequeños centros urbanos que causan daño directo y en muchos casos daños irreversibles a las personas, que son causa directa de trastornos en el comportamiento de la gente y especialmente afectan a su salud, dando origen a graves enfermedades que inciden directamente en sus actividades laborales
En este marco, los integrantes de la Comisión de Biodiversidad sugieren que para la prevención y control de la contaminación acústica, por tanto, estén sujetos a las prescripciones de la ley todos los emisores acústicos, ya sean de carácter público o privado, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos.
El proyecto de reformas al inciso primero del artículo 968 del Código de Procedimiento Civil fue presentado por el asambleísta Gabriel Rivera, quien sostuvo que la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado generó un vacío en la referida normas, en lo referente al procedimiento judicial de excepciones a la coactiva, específicamente en cuanto al tratamiento de la consignación de los valores presuntamente adecuados.
A decir del proponente, el vacío existe en la regulación legal del procedimiento de excepciones a la coactiva puesto que antes de la reforma el texto original establecía que «la consignación se hará con arreglo al artículo 196 de la Ley de Administración Financiera y Control, a órdenes del recaudado. Esta última ley señalaba que el Banco Central será depositario de los fondos del sector público y agente fiscal y financiero del Estado.
Por ello propuso facultar al Tribunal Contencioso Administrativo aceptar a trámite la excepción, fijar la consignación de la cantidad que asciende la deuda y disponer la consignación de la cantidad presuntamente adeudada en el término de 5 días, contados desde la fecha de la notificación del auto de aceptación del trámite de excepciones de coactiva.
Contraloría y defensa del usuario
A las 12h30 está prevista la continuación de la sesión No. 220 del Pleno, en la que se someterá a votación el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y proseguirá el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras.
La reforma a la Ley de la Contraloría fue propuesta por el presidente Rafael Correa y los asambleístas Paco Fierro y Vethowen Chica. Tiene como objetivo modificar la conformación del presupuesto de la Contraloría General del Estado, con el fin de que se adecue a la Constitución de la República.
El informe fue preparado por la Comisión de Justicia, presidida pro el asambleísta Mauro Andino, quien explicó que el principal objetivo es constitucionalizar dicho cuerpo normativo, a fin de eliminar las preasignaciones presupuestarias prohibidas por la Constitución de la República.
El proyecto de Ley del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, de iniciativa de los asambleístas María Soledad Vela, Francisco Ulloa y del exdefensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, tiene como objetivo la prevención, defensa, protección y promoción de los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras y precautelar que las relaciones de éstas con las y los proveedores sean en respeto a la seguridad jurídica y de los derechos y garantías establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Señala que las personas usuarias y/o consumidoras tienen el derecho de acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Prevé que el Estado y los proveedores observarán y regularán la provisión de bienes o servicios de conformidad con las especificaciones técnicas o de diseño, para encontrar la satisfacción en un producto o servicio cumpliendo todas las expectativas que busca el usuario y/o consumidor o cliente.
*Fuente: Asamblea Nacional