Con 55 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo respecto de la Disposición Transitoria Novena de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, en consecuencia, los gobiernos autónomo descentralizados, en el plazo máximo de dos años contados a partir de la vigencia de la presente ley, resolverán los conflictos de límites existentes en sus respectivas jurisdicciones territoriales de conformidad con cualquiera de los procedimientos establecidos en esta ley.
El incumplimiento de esta disposición, constituirá causal para la revocatoria del mandato de los respectivos alcalde o prefecto. En este caso, el Comité Nacional de Límites Internos, previa calificación, enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) los conflictos de pertenencia que deberán ser sometidos a consulta popular, cuya convocatoria deberá realizarse con la respectiva limitación geodésica, en base a lo cual se deberá elaborar el padrón correspondiente.
Cuando se trate de conflictos para obtener la delimitación de cualquier circunscripción territorial, en cuya zona de conflicto no exista población residente, la Comisión Nacional de Límites Internos fijará los límites territoriales.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, subrayó que el veto del mandatario establece una consecuencia jurídica al incumplimiento del plazo que estableció la Asamblea Nacional en este proyecto, por tanto, los alcaldes y prefectos, en dicho plazo, deben solucionar los conflictos que existen en sus respectivas circunscripciones y que han estado afectando las condiciones de vida de las personas, porque son territorios en conflicto, hecho que genera dificultades en la planificación.
Aclaró que para establecer el plazo se hicieron consideraciones de carácter político, tomando en cuenta que el próximo año se eligen los nuevos alcaldes y prefectos y es posible que las actuales autoridades no intervengan en este proceso, pero luego de las elecciones habrá más de un año para que puedan solucionar los conflictos, de tal manera que ahora los liderazgos también tienen que demostrarse solucionando los conflictos.
La norma otorga una salida política para solucionar los problemas, a través de mecanismos amigables e institucionales que permitan, sobre todo, resolver los inmensos problemas de la población que habitan en las zonas de conflicto.
El cuerpo legal, que contiene 27 artículos, cuatro disposiciones generales, nueve Transitorias, una derogatoria y una final, determina normas claras y adecuadas que permitan fijar, de manera precisa y definitiva, los límites territoriales internos a través de procedimientos opcionales de solución de conflictos que pongan fin a las controversias existentes o que pudieran existir; la ratificación de los límites preexistentes que cuentan con sustento jurídico, respecto de los cuales no existe controversia; y, reglas sobre la definición limítrofe de las circunscripciones territoriales que se crearen, para lo cual se determinan procedimiento para la solución de conflictos limítrofes y de pertenencia: amistosos e institucionales.
*Fuente: Asamblea Nacional
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