Ecuador ha perdido el juicio planteado en las cortes de Miami en contra de los hermanos Roberto y William Isaías, según ha confirmado a LaRepública, el abogado del grupo, Xavier Castro.
La demanda fue presentada en Miami Dade, en abril de 2009, por el entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, Carlos Bravo, con la perspectiva de ubicar y perseguir bienes de los Isaías por el monto que falte para cubrir el hueco patrimonial, que estaba determinado por las auditoría de 2001 de Deloitte & Touche en $661 millones.
En una sentencia que es todavía apelable, el juez del primer circuito judicial para el condado de Miami Dade, en Florida, John W. Thorton, consideró inejecutable el pedido de este país, que se basaba en al artículo 29 de la Ley de Instituciones Financieras del Ecuador.
Dicho artículo 29 determina que para que los bienes sean ejecutables se necesita un sentencia. “Sin una sentencia que determine responsabilidades ejecutables bajo la legislación de Estados Unidos, cualquier intento de Ecuador de incautar propiedad de los demandados en EE.UU. sería inconsistente con las leyes y normativas de EE.UU.”, alega el juez, quien también advierte que el Mandato 13 de la Asamblea Constituyente eliminó la posibilidad que tenían los demandados de impugnar la Resolución 1084 de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Dicho Mandato estableció que la resolución de incautación de junio del 2008, “no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución”.
También advierte a los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución.
Para el juez dicho artículo “configuró una violación de varios de los más fundamentales pilares de las leyes y normativas de EE.UU., incluyendo el debido proceso, revisión judicial y la independencia de la Función Judicial para actuar con justicia e imparcialidad”.
El juez indica que los demandados “pueden haber cometido los actos que el Ecuador alega”. El problema es que “la forma en la que Ecuador ha intentado corregir los supuestos errores de los demandados es inconsistente con las normativas y leyes de EE.UU.”.
El juez indica que en este caso se aplica la “doctrina de los actos de Estado”, por la cual la capacidad de acción se ve significativamente reducida cuando un extranjero soberano busca ejecutar este acto de estado fuera de sus fronteras. “Si un extranjero soberano trata de incautar propiedades en los EE.UU., nuestra jurisdicción controla el hecho pues el extranjero soberano está actuado fuera de sus facultades de ejecución”.
Ni la familia Isaías ni su abogado han querido pronunciarse sobre el tema.
* Con información publicada por el diario El Universo.
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