El fiscal general, Galo Chiriboga, ha hecho público este miércoles un informe que dice probar la existencia de un grupo policial, creado durante el gobierno de León Febres Cordero al que se atribuye la ejecución de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual en contra de las personas que fueron acusadas del delito de subversión durante ese período de gobierno.
Chiriboga presentó hoy un listado del personal supuestamente asignado a ese grupo que se habría constituido como una estructura represiva clandestina denominada SIC-10. La nómina fue recuperada en la incautación de documentos que hizo la Fiscalía, en febrero pasado, en los archivos provincial y nacional de la Policía Judicial.
Estas acciones se cumplieron dentro del proceso de investigación fiscal de los casos de la Comisión de la Verdad, que indagó la violación de derechos humanos durante los años 1984 y 2008 y cuyo informe fue entregado a la Fiscalía en julio del 2010.
Aunque el fiscal prefirió mantener en reserva la identidad de los policías que integraron la unidad, no se descarta que con las pruebas recopiladas, los investigadores confronten a las personas que dicen haber sido víctimas del SIC 10, con los integrantes de la unidad.
La existencia del SIC-10 siempre ha sido negada por la Policía Nacional. De acuerdo a la información publicada por la Fiscalía en su sitio web, se trató de una estructura secreta que en septiembre de 1985 fue formalizada bajo el nombre de Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS), que en 1986 se transformó en la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
Febres Cordero gobernó entre 1984 y 1988. En 1983 un grupo al que entonces se denominó Alfaro Vive Carajo proclamó su intención de tomar el poder mediante la lucha armada y organizó una guerrilla urbana que protagonizó asaltos a bancos y secuestros.
* Foto API/Juan Cevallos
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