Quito, 14 jun (EFE).- La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador consideró hoy que la ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional «protege la corrupción» y avanzó que agotará «todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país», dijo a Efe su presidente, Vicente Ordóñez.
La Asamblea Nacional (unicameral), dominada por la gobernante Alianza País con 100 de los 137 escaños, aprobó hoy la Ley de Comunicación, que la oposición califica de «ley mordaza», mientras que el oficialismo la defiende como instrumento para frenar abusos cometidos por ciertos sectores de la prensa.
«Creemos que con ésto se pretende consagrar el control absoluto de la prensa independiente en el país y se esta garantizando, antes que libertad de información, la protección a la corrupción (…) al incluir el linchamiento mediático», dijo Ordóñez en referencia a la figura que persigue la publicación reiterada de informaciones que dañen la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
Para Ordóñez, el «linchamiento mediático» va a «escudar la corrupción», ya que no se permitirá la difusión de ciertas informaciones en más de un medio o durante varios días, algo que choca con «lo que siempre nos han enseñado en la universidad», dijo, al referirse al seguimiento de casos de investigación periodística.
El presidente de la asociación gremial de periodistas, uno de los colectivos profesionales que se ha movilizado más en contra de esta ley, consideró al «linchamiento mediático» como «preocupante» y confió en la «vergüenza internacional» del Ejecutivo a la hora de «poner en ejecución» una ley que, en su opinión, » atenta a la libertad de información».
Indicó que la unión que preside acudirá a los tribunales nacionales y a los organismos internacionales para defender «el derecho a poder informar sin censura», así como «el derecho de los ciudadanos a acceder a información diversa a través de los medios de comunicación».
En cuanto a la utilidad de la ley para evitar abusos periodísticos, opinó que «el periodismo, no ahora, siempre, ha asumido su responsabilidad con respecto a lo que se publica y si se han cometido errores se ha acudido a la justicia para reclamar sobre los derechos vulnerados. Eso ha existido siempre, no solo en Ecuador, sino en muchos países», dijo.
Como aspecto positivo de la nueva ley destacó la regulación del acceso a la profesión, que obligará a que las labores periodísticas sean ejercidas por profesionales, así como el aspecto relativo a los derechos laborales de los comunicadores.
Sin embargo, Ordóñez se preguntó de qué «sirven estos derechos si no existe libertad plena para ejercer la profesión periodística».
Según el ponente de la norma, Mauro Andino, del movimiento oficialista Alianza País (AP), la ley garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión y prohíbe la censura previa.
En su opinión, la ley defiende la «libertad de información, pero con responsabilidad ulterior».
«De hoy en adelante, la palabra ya es de todos», dijo Andino para quien «este día pasará a la historia como el día en que la voz de todos por fin empezó a escucharse».
Lo mismo opinó la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, también de AP, para quien «desde hoy», los ecuatorianos «van a tener la voz para reclamar sus derechos que los medios monopólicos les han quitado». EFE
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