MIAMI (AP) — La Sociedad Interamericana de Prensa denunció el lunes que la nueva ley de comunicación de Ecuador es el «más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina».
La Asamblea Nacional de Ecuador sancionó la semana pasada con 108 votos a favor y 26 en contra, la Ley Orgánica de Comunicación, más conocida como «ley mordaza».
La normativa regula contenidos periodísticos, impone sanciones administrativas y económicas, y establece la obligatoriedad de título universitario para los periodistas, entre otras disposiciones.
«Esta ley en particular demuestra con toda claridad que ese mismo gobierno carece de legitimidad de ejercicio, por cuanto las disposiciones que contiene no se diferencian en nada a las que establecían las dictaduras militares que asolaron la región en los años ’70 y ’80 del siglo pasado. Es el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina», aseguró el presidente de la comisión de libertad de prensa e información de la SIP, Claudio Paolillo, en un comunicado de prensa.
«Es la culminación de un plan del gobierno que se viene preparando y ejecutando desde que Rafael Correa asumió la Presidencia, que determina la instauración de la censura previa en Ecuador, legaliza la acumulación de medios en manos del Estado, viola toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, busca en forma directa eliminar los pensamientos críticos contra el gobierno y promueve la autocensura por los graves castigos y prohibiciones previstos en la norma para el que piense diferente al gobierno, sostuvo.
La normativa establece la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con potestad para sancionar el incumplimiento de las normas.
El consejo estará integrado por cinco miembros, entre ellos un delegado nombrado por el presidente, un representante de los consejos nacionales de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los gobiernos autónomos descentralizados y del Defensor del Pueblo.
La Ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación con atribuciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del comportamiento de los medios, y se encargará del cumplimiento de la ley y de las penas impuestas. El superintendente será escogido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna propuesta por el presidente Rafael Correa.
La normativa crea además la figura del «linchamiento mediático», cuando un medio publica reiterada información con el propósito de desprestigiar o reducir la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
La nueva ley, aprobada el viernes, reduce el espacio del sector privado con una nueva repartición de frecuencias de radio y televisión; y establece que 34% de las frecuencias sean concedidas a medios «comunitarios», 33% a estatales y 33% a privados.
De acuerdo con información oficial, en la actualidad el 68% de los medios de comunicación son privados.
La ley fue aprobada tras siete votaciones y luego de tres años y medio de discusión.