Washington, 22 jul (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) urgió hoy al Gobierno de Ecuador a reformar sus leyes sobre asilo y revocar parte de un decreto aprobado en mayo que regula la concesión de refugio en el país, por considerar que no se adhiere a las normas internacionales.
En una carta dirigida al canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, y el director del programa de refugiados del organismo, Bill Frelick, instan «respetuosamente» a Quito a revocar varias disposiciones del decreto ejecutivo 1182, aprobado el 30 de mayo.
Además, insta al Gobierno ecuatoriano «a que promueva la adopción de legislación exhaustiva que respete plenamente el derecho a solicitar asilo».
El mencionado decreto «otorga a las autoridades ecuatorianas la facultad de revocar la condición de refugiado a personas a quienes ya se les ha reconocido este estatus, por razones que exceden las permitidas por el derecho internacional», aseguró HRW.
La carta de Vivanco y Frelick a Patiño responde a un comunicado emitido el pasado 20 de junio por la Cancillería ecuatoriana en respuesta a otra misiva enviada ese mismo día por HRW al presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
En esa carta, HRW se mostraba «profundamente preocupado porque el decreto presidencial 1182 no protege los derechos de debido proceso de quienes buscan asilo, incluido el derecho a que sus peticiones de asilo sean examinadas justamente», y ofrece «una definición acotada de quién puede considerarse refugiado».
En su respuesta, la Cancillería indicó que ese pronunciamiento «no corresponde a la verdad» y señaló que «de conformidad con el texto de la Convención de Refugiados de 1951, el Ecuador se reserva el derecho de revocar la condición de refugiado bajo ciertas circunstancias».
Agregó que «el procedimiento de admisibilidad para calificar a los refugiados sigue de forma rigurosa las directrices y direcciones del Comité Ejecutivo del Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)».
HRW replicó hoy que ese comunicado «no proporciona dato alguno que refute los argumentos de fondo expresados en nuestra carta con respecto a ciertas directrices de Acnur que no son respetadas por los procedimientos previstos en el Decreto 1182».
El organismo indicó que el pronunciamiento de la Cancillería «incluye expresiones genéricas sobre principios y datos que no explican de qué modo las normas vigentes cumplen con las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Ecuador en materia de derechos de refugiados».
HRW se puso a disposición del Gobierno de Ecuador para ayudarle a «reformar el marco jurídico vigente sobre asilo». EFE