QUITO, Ecuador (AP) — El gobierno ecuatoriano debería dejar sin efecto un decreto que amplía sus facultades para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales, señaló este lunes la organización Human Rights Watch (HRW).
El organismo internacional emitió un comunicado sobre la decisión del gobierno del presidente Rafael Correa que en un decreto dictado el 4 de junio estableció nuevos procedimientos para que esas organizaciones obtengan personalidad jurídica y exige un proceso de evaluación para operar en este país.
«El gobierno de Correa ha afectado seriamente la libertad de expresión, dedicándole gran parte de su energía a atacar a los medios de comunicación, y ahora intenta avanzar sobre las organizaciones independientes«, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, según indica el comunicado del organismo.
«Los funcionarios ahora podrán en la práctica decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones y esto debilita significativamente el rol de estos grupos como contralor de los actos del gobierno«, añadió.
El organismo sostiene además que «conforme al derecho internacional, y como parte de su deber de promover y garantizar los derechos humanos, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios».
El director de la organización no gubernamental Fundamedios, César Ricaurte, comentó a The Associated Press que el decreto regula el derecho a asociarse libremente, lo cual no es posible hacerlo por decreto, ya que debería existir una ley de carácter orgánica que haya sido debatida en la Asamblea, el poder legislativo.
«El decreto impone esquemas de funcionamiento y condiciones para el ejercicio de este derecho fundamental que es la libertad de asociación», agregó el directivo de esa organización que monitorea la libertad de expresión en Ecuador.
Agregó que «elimina la potestad de que la sociedad civil pueda vigilar los actos del poder público a través de veedurías y observatorios porque sólo permite que las organizaciones de gestión y control social puedan ser formadas por el Estado. Es decir que el Estado pueda vigilarse a sí mismo».
El decreto menciona varias causas para la disolución de las organizaciones no gubernamentales como dedicarse a acciones de política partidista, tener injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública, desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue creada o contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas por las autoridades competentes.
Ricaurte señaló que «esas causales de disolución son completamente ambiguas y quedan a criterio de un funcionario gubernamental».
Adujo que el presidente Correa ha mencionado organizaciones indígenas, de ecologistas y también del mismo Fundamedios «como las organizaciones que estaríamos inmersas en algunas de las causales de disolución».
Ivonne Yánez, vocera de la organización no gubernamental Acción Ecológica, opinó que el decreto pretende «ejercer un control excesivo no sólo sobre las organizaciones que se oponen al gobierno en cualquier actividad, sino a todos los grupos que pretenden organizarse como los comités de padres de familia de los colegios, comités barriales o clubes deportivos».
«Ese control lo que busca es meter la mano en las organizaciones y seguramente orientar sus acciones hacia el proyecto político del gobierno«, indicó.
Yánez explicó que se desconoce además «quién va a juzgar si una organización está o no interviniendo en actividades político partidistas y si eso va a ocasionar que sea clausurada».
Sostuvo que si Acción Ecológica realiza una manifestación frente a la sede de gobierno en defensa de la reserva natural amazónica de Yasuní «nos pueden acusar de alterar el orden público y clausurarnos».
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