La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, indicó que lo más probable es que en cinco días hábiles el proyecto de resolución sobre el pedido de autorización para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, llegue a la Legislatura, mismo que deberá tratarse en dos debates, según lo establece el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se refiere a la declaratoria de interés nacional.
El mencionado artículo prevé que el Pleno en dos debates y por mayoría absoluta de sus integrantes podrá declarar de interés nacional la petición del Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Para estos debates, el Pleno contará obligatoriamente con el informe de la Comisión que se encargue del estudio de esta propuesta, designada por el Consejo de Administración Legislativa, que en este caso, sería la Comisión de Biodiversidad, dijo Aguiñaga, al aclarar que el trámite se debe ajustar a los plazos establecidos para la aprobación de leyes, es decir 45 días para primer debate y 45 días para segundo debate.
El dar por terminada esta propuesta innovadora de mantener el crudo bajo tierra es una decisión difícil y triste que tuvo que tomar el Ejecutivo y a título personal comparto ese sentimiento, dijo la vicepresidenta de la Legislatura al señalar que para la explotación petrolera se debe ocupar la mejor tecnología para mitigar los impactos ambientales que se harán en una zona de altísima vulnerabilidad como es el Parque Nacional Yasuní, en el bloque 43.
Toda actividad de este tipo tiene impacto, pero exhortamos al Ejecutivo para que Petroamazonas que es la empresa seleccionada para realizar la actividad extractiva, cumpla los más altos estándares así como lo está haciendo en el bloque 15, añadió.
Es urgente y necesario modificar las leyes ambientales actuales que tenemos en el país, a fin de ajustarlas al marco constitucional y establecer las sanciones administrativas muy fuertes de reparación, resarcimiento de daños tanto a comunidades cuando se cometan actos negligentes, dolosos o cuando no se tomen las prevenciones para evitar daños ambientales, precisó Marcela Aguiñaga.
El artículo 407 de la Constitución establece que por excepción en áreas protegidas y zonas intangibles podrá autorizarse la actividad extractiva por parte de la Asamblea Nacional, mediante pedido fundamentado del Jefe de Estado y con los respectivos informes técnicos y ambientales, a esto se suma también el criterio del Ministerio de Justicia en torno a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario que se encuentran en la zona intangible. De esta manera los legisladores podremos tomar la mejor decisión en beneficio del país a fin de luchar contra la pobreza, que es el mayor devastador ambiental no solo en Ecuador sino en el mundo, subrayó.
Trámite ordinario
Entre tanto, la vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad, Pamela Falconí subrayó que la propuesta que remita el presidente Rafael Correa deberá tener el trámite ordinario, a fin de que el tema sea analizado a profundidad y los ecuatorianos estén seguros de que la Legislatura tomará la mejor decisión para beneficio del país.
El Instituto Francés ha señalado que el petróleo del ITT es altamente viscoso. Se habla de 2 hasta 16 grados API, lo que significaría la utilización de alta tecnología y Petroamazonas tiene la capacidad y la certificación internacional en el manejo de explotación de este tipo de crudo, es decir la experticia y sobre todo se lo hace con recurso ecuatoriano lo cual permitirá cuidar el Yasuní, agregó.
Señaló que ayer el Ministro de Justicia, Lenin Lara, realizó un análisis antropológico y con datos históricos sobre la ubicación de los pueblos no contactados y de acuerdo con esta explicación no están cerca del sitio donde se realizaría la posible explotación de petróleo.
En otro orden, Falconí anunció que para finales de este mes está previsto que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional el proyecto de Código Ambiental que precautela la explotación petrolera y cuida los yacimientos y la utilización de los recursos naturales, pero también ubica las sanciones respectivas en caso de incumplimiento con la naturaleza y de sus habitantes.
Habrá el debate suficiente y se invitará a los sectores involucrados para que den sus aportes, una vez que llegue a la Legislatura el proyecto de Código Ambiental, dijo.
El nudo crítico de la propuesta sería su estructura, pues el Ministerio del Ambiente pasaría a ser una Secretaría transversal que acredite superintendencias que regulen el derecho de la naturaleza, por tanto, se eliminaría el Ministerio del Ambiente que se convertiría en una Subsecretaría y con los ministerios del Interior, Salud, Educación se trazaría el eje transversal para ubicar las políticas de cuidado de la naturaleza.
*Fuente: Asamblea Nacional