Quito, 1 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumple hoy los primeros cien días de su tercer período con una continuidad en lo político y económico, pero con un duro revés en temas ambientales, al haber anunciado el fin de una iniciativa para mantener bajo tierra el petróleo de una parte de la Amazonía.
Para el internacionalista y profesor universitario Eduardo Santos, uno de los aspectos más sobresalientes de la administración de Correa es la renovación de la infraestructura, en especial la vial, educativa y de salud.
En lo económico, opina que «las cosas siguen bien», destaca que «no ha habido una debacle en materia de petróleo», uno de los pilares de la economía del país, y se mantienen niveles de inflación «relativamente bajos».
Según cifras oficiales, la inflación se situó en -0,02 % en julio pasado, con lo que el acumulado del año llegó a 0,92 % (2,67 % en el mismo periodo de 2012), mientras que la tasa interanual a julio fue del 2,39 %, frente al 5,09 % registrada en el mismo mes de 2012.
Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), considera que el Gobierno «no ha cumplido con la expectativa que el pueblo tenía de avanzar en la profundización de los cambios sociales radicales».
Reconoce que en lo económico el país «no está» en crisis, critica lo que considera una «política social asistencialista», así como lo que llama «criminalización de la protesta social», en referencia a casos de líderes indígenas que fueron sentenciados o procesados por manifestaciones que se tornaron violentas.
«Vuelven con sus mentiras de criminalización de la protesta social» dijo Correa en agosto pasado ante el rechazo indígena a la sentencia de 12 años de prisión para José Acacho por unas protestas violentas en 2009, en las que murió el profesor Bosco Wisuma.
En lo político, Santos cree que Correa ha consolidado su liderazgo y reclama «urgentemente» un «renacer» de los partidos políticos, pues aunque cree que los movimientos sociales «han avanzado bastante», queda el «vacío» de las agrupaciones políticas.
Correa, en el poder desde 2007, ha señalado que acabará su mandato en 2017 y se retirará de la vida pública, en la que dejará una huella especialmente en torno a temas de comunicación.
Desde que inició su mandato, Correa ha mantenido un pulso con algunos medios de comunicación que, en su opinión, representan intereses de ciertos grupos económicos en detrimento del pueblo.
Medios de prensa han cuestionado la Ley de Comunicación, que entró en vigor en junio pasado, por temor a que se convierta en una «ley mordaza», extremo rechazado por el oficialismo, que asegura que con ella se busca un freno a lo que considera abusos de la prensa.
En política internacional, los primeros cien días del tercer mandato se mantuvieron en la línea de la defensa de la soberanía, la búsqueda de mayor integración regional y la apertura de nuevos mercados para los productos locales, aunque empresarios reclaman más tino en el trato con el principal socio comercial: Estados Unidos.
Ello, en especial después de que Ecuador renunciase a un conjunto de preferencias arancelarias que le otorga EE.UU. y advirtiese que no acepta «presiones ni amenazas» de nadie, un anuncio hecho cuatro días después de que Quito recibiese una solicitud de asilo de Edward Snowden, reclamado por Washington por revelar información secreta.
Correa dijo que su país renunció de manera «unilateral e irrevocable» a las preferencias arancelarias «frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han presionado para quitar» esos beneficios «por el caso Snowden».
Aunque esa renuncia causó tensión con algunos sectores comerciales pese al anuncio del Gobierno de incentivos tributarios, la intención de explotar el petróleo de una parte del Parque Nacional Yasuní, zona de alta biodiversidad, figura como uno de los temas más polémicos en sus primeros cien días.
Ahora está a la espera de que la Asamblea le autorice la explotación con alto cuidado ambiental.
Mientras Correa insiste en que requiere de recursos para combatir la pobreza y sostiene que con la eventual explotación se afectaría el uno por mil del Yasuní, ecologistas y varios políticos han cerrado filas para que no se explote el crudo en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini y piden una consulta popular. EFE
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