El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, ha expresado su rechazo a lo que describe como una «manipulación política» que desde su punto de vista ha intentado «de manera irresponsable» manifestar la «existencia de una supuesta censura previa o intervención del gobierno nacional para impedir la difusión» del libro «Una matanza ocultada», cuya difusión fue prohibida anoche, por orden de la jueza Hilda Yolanda Garcés Dávila, a petición de la Defensoría del Pueblo.
El libro aporta pruebas sobre la supuesta matanza de indígenas de la comunidad taromenane -en aislamiento voluntario en la selva amazónica-, a manos de nativos waorani, incorporados al resto de la sociedad, presuntamente ocurrida en marzo o abril de este año, y que aún se investiga.
Los waorani, además, raptaron a dos niñas taromenane y las incorporaron a su comunidad.
El Defensor explica que se solicitó a la jueza «se sirva implementar como Medida Cautelar se prohíba la circulación y difusión por cualquier medio de la obra ‘Una Tragedia Ocultada’, especialmente la fotografía de una de las niña taromenani (actualmente secuestrada) que aparece en la invitación, hasta que los autores o el consejo editorial de la publicación certifique al señor Juez que en la mencionada publicación o invitaciones referidas al tema, no se publicarán imágenes de niñas o niños víctimas de violencia».
Alega que «en el marco jurídico constitucional ecuatoriano las medidas cautelares son acciones constitucionales de carácter preventivo y temporal, que pueden ser interpuestas por la Defensoría del Pueblo, para que un juez constitucional intervenga en forma inmediata frente a una inminente vulneración de derechos humanos. Ante los hechos expuestos, la Defensoría del Pueblo interpuso la medida cautelar hasta que se asegure que la imagen y nombres de la niña incorporada al Servicio de Protección a las Víctimas y Testigos, no sean expuestas al público en general».
El Defensor dice que fue advertido «por parte de la Fiscalía General del Estado» del temor de que las páginas internas contengan también fotos de las niñas secuestradas, que dichas fotos forman parte de una investigación actualmente en proceso pericial. También menciona que la niña fotografiada se encuentra desnuda y con muestras de terror en el rostro.
Rivadeneira reitera «que la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, perteneciente a la Función de Transparencia y Control Social, ha ejercido y continuará ejerciendo sus competencias de protección de los derechos de todas y todos los habitantes del país, cualquiera sea la circunstancia en la que le corresponda actuar».
El Ejecutivo consideró la decisión judicial «una acción abusiva de atropello» a los derechos de los autores y, pese a que aseguró su respeto a la independencia de la Función Judicial, reiteró su «desacuerdo con este tipo de acciones».
«Quienes estamos comprometidos con la promoción de la educación, el pensamiento y la razón no podemos silenciarnos ante la censura, desde ningún punto de vista», señala el comunicado difundido a través de la web informativa El Ciudadano, de la Presidencia.
Por su parte, Aguirre, autora del libro, aseguró ayer a Efe que la fotografía que señala la Defensoría no aparece en su libro y recordó que fue citada con anterioridad por la Fiscalía para que entregara la información que posee sobre los hechos.
* Con reportes de EFE.
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