El Pleno de la Asamblea Nacional recibió este martes a las mujeres amazónicas que caminaron la semana pasada desde el Puyo hasta Quito para exigir que no se explote el Yasuní.
Los asambleístas escucharon a Gloria Ushigua, de la nacionalidad Sápara; a Linda Enkeri, del pueblo waorani; y, a Patricia Gualinga, de la nacionalidad Kichwa de Sarayacu, quienes subrayaron que, desde hace algún tiempo, están movilizadas por la vida.
Gualinga, al entregar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, su propuesta denominada «Selva Viviente», pidió que esta sea debatida y acogida por los legisladores, puesto que protege los derechos consagrados en los pactos, tratados y convenios internacionales que amparan a los pueblos indígenas y el derecho a la conservación, preservación y convivencia de la selva amazónica del sur oriente del Ecuador.
Añadió que la promulgación de esta declaratoria de los pueblos originarios es una nueva categorización de preservación del territorio sagrado, patrimonio cultural de las nacionalidades en Ecuador, que toma en cuenta la filosofía y la cosmovisión de los pueblos ancestrales, en cuanto a la interrelación ser humano-naturaleza.
Gualinga resaltó que las mujeres del centro sur amazónico, representantes de las nacionalidades Kichwa, Sápara, Shiwiar, se movilizaron desde el Puyo hasta la capital, en un número de 60 integrantes, con la finalidad que se tome conciencia que la explotación petrolera afecta directamente a las mujeres, por lo que pidieron se cambie el modelo de explotación extractiva a una matriz productiva de defensa del ambiente y la vida. A la vez, mostraron su preocupación por el Decreto Ejecutivo 1247, que se refiere a la consulta previa, misma que está dividiendo a los pueblos del centro sur, por lo que pidieron sea derogado.
Al respecto, propusieron que la Asamblea Nacional, en coordinación con los pueblos y nacionalidades, construya una ley de participación de los pueblos, a través de la cual se garanticen sus derechos, tal como lo determinan la Constitución y demás normativa internacional.
Igualmente, solicitaron que la Legislatura promueva una veeduría internacional, con la participación de la Organización de Naciones Unidas, ONU; la Organización de Estados Americanos, OEA; y expertos internacionales, a fin de que se audite lo que está pasando con la explotación petrolera, específicamente en el bloque 10, en Pastaza, para que se tomen los correctivos necesarios.
*Fuente: Asamblea Nacional
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