La Asamblea Nacional retomó este martes el segundo debate del proyecto del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el análisis del Libro III referente a la ejecución.
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que «en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial se asegura el principio de jurisdiccionalidad de modo que los derechos de las personas privadas de la libertad sean garantizados en todo momento, para tal efecto se han establecido algunas competencias que permitan a las y los jueces cumplir este fin».
Manifestó que se ha determinado que en las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá al menos un juzgado de garantías penitenciarias y se ha previsto que dichos jueces tengan a su cargo el control y supervisión de la ejecución de las penas y las medidas cautelares.
Andino señaló que se ha incorporado la función de cómputo de la pena en la que la o el juez determina con exactitud la fecha en que finaliza la condena y la fecha desde la cual se puede solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social.
El legislador oficialista indicó que se ha previsto como competencia general de los jueces el conocer y resolver las solicitudes de traslado de lugar de la persona privada de libertad por razones de cercanía familiar, padecimiento de enfermedades, necesidad de tratamiento psiquiátrico, seguridad y condiciones de hacinamiento.
También, se ha regulado la facultad para que las o los jueces puedan realizar inspecciones a los centros de privación de libertad.
Por otra parte, señaló que se incorpora en el Libro de Ejecución el Sistema Nacional de Rehabilitación, para que sea el encargado de la administración de los centros de privación de libertad, sean provisionales o de rehabilitación, para la atención integral de las personas privadas de libertad.
Asimismo mencionó que para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad se ha establecido un sistema de ubicación de la población penitenciaria de modo que se cumpla el principio de separación. En ese sentido en el libro tercero se señala una serie de lineamientos que determinan los procedimientos a seguir respecto de las personas privadas de libertad y los espacios en los que éstas deben ser ubicadas, clasificando además en diferentes niveles de seguridad: máxima, mediana y mínima.
Andino resaltó que la mayor novedad establecida en este libro ha sido la regulación de varios ejes de tratamiento para las personas privadas de la libertad conforme a los instrumentos internacionales, como son las “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” de las cuales el Ecuador es signatario y donde se señalan las normas para una buena organización y un tratamiento tendiente a la rehabilitación y reinserción, para lo cual se proponen cinco ejes: laboral, educación, cultura y deportes, salud, vínculos familiares y reinserción.
Agregó que el libro desarrolla el régimen disciplinario, prevé faltas leves, graves y gravísimas. Se determinan sanciones y procedimientos para juzgar dichas faltas disciplinarias, con estricto apego a los principios constitucionales.
Finalmente, Mauro Andino dijo que el libro prevé algunas reglas sobre repatriación, condiciones para el traslado y condenas para extranjeros; y, exoneración de multas en caso de razones humanitarias.
*Fuente: Asamblea Nacional
Vídeo relacionado