La Fiscalía General de Ecuador, en el marco de la XXI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) que se celebra en Quito, propuso la creación de una Corte Penal de Unasur que permita ampliar las jurisdicciones nacionales en casos de delitos trasnacionales.
Así lo explicó a Efe el fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, al precisar que la propuesta se ha trabajado por dos años, aunque aún se trata de un borrador que deberá ser sometido a debate y a la mirada de los ejecutivos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Chiriboga sostuvo que «cuando la delincuencia trasnacional opera, el efecto de los delitos de ellos se producen en varios países» y puso como ejemplo el sicariato o asesinatos a pedido.
«En el caso de Ecuador hemos tenido operaciones de sicariato de bandas internacionales a las que hemos juzgado y que están condenadas» en el país, aunque «las oficinas que manejan esas organizaciones siguen intactas» en el exterior.
Por ello, dijo que la idea es que si el fiscal del país donde se lleva la causa y su homólogo de otro país donde se origina el caso que se persigue deciden llevar el caso a la Corte penal de Unasur, «la jurisdicción de nuestros países se ampliaría para precisamente poder procesar a estas personas».
Esto no sólo tiene «un afán de ampliar la soberanía jurídica de nuestros países, sino también ampliar la eficacia jurídica del trabajo en materia de crimen organizado», apostilló Chiriboga.
El fiscal ecuatoriano dijo que la propuesta no sólo ha sido presentada a las Fiscalías de Unasur, sino también en el seno de la Aiamp, con el propósito de que sea sometido a un debate amplio.
El objetivo, añadió, es que de la Aiamp aporte al borrador de la propuesta y permita «concluir, ojalá a finales del próximo año, con un documento trabajado y consensuado, por lo menos desde la perspectiva de los fiscales de Unasur para presentárselo a las funciones ejecutivas, a las Cancillerías de nuestros países».
Chiriboga estimó que pasarían unos dos años más para que la propuesta sea analizada en Unasur y eventualmente aprobada.
Sin embargo, dijo que por consultas y reuniones que con ese tema se han hecho en Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay en los últimos dos años, hay la «sensación de que una buena parte de los fiscales vinculados a Unasur tienen una posición favorable» a la propuesta.
Chiriboga recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tiene su ámbito específico y que fue creada para tratar casos como el de Kosovo, lo que limita su radio de acción.
Por ello, aseguró que en la «perspectiva de acercar la Justicia internacional a nuestros pueblos está concebida precisamente» la propuesta de una Corte de Unasur.
Esa instancia, incluso, «pueda solventar estos problemas de distancia, de idiomas, de sistemas jurídicos diferentes», aunque «la ventaja que tenemos en América Latina, en términos generales, es que casi todos los países tenemos un sistema penal acusatorio, que es una base fundamental», añadió el fiscal ecuatoriano.
Además, hay tratados internacionales sobre la materia, que han sido suscritos por varios países de la región, lo que ya supone un trabajo inicial que «vale la pena repotenciar», opinó Chiriboga.
La reunión de la Aiamp en Quito, que concluirá el próximo miércoles, ha congregado a delegados de las fiscalías de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. EFE