La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó esta semana un nuevo Código Penal, un texto que nace cuestionado, ya que, incluso antes de que se convierta en ley, se anuncian desde la oposición recursos de forma y quizás, de fondo.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), nombre oficial del nuevo cuerpo legal, fue aprobado el martes por 101 votos y será remitido al Ejecutivo para su posterior ratificación u objeción total en las próximas semanas.
La tramitación parlamentaria del proyecto estuvo rodeada de polémica desde su gestación en la Asamblea y ahora, una vez que los legisladores le han dado luz verde con el apoyo mayoritario del oficialismo, tampoco escapa a la controversia, como reveló de inmediato la oposición al confirmar que presentará un recurso de inconstitucionalidad «por la forma».
El motivo es la falta del preceptivo segundo debate en la Asamblea, lo que llevó a la Alianza Tiempo de Cambio y al Partido Social Cristiano a criticar el procedimiento parlamentario y a considerar que hay motivos para la inconstitucionalidad.
«No hubo debate de los libros primero y segundo», como tampoco hubo un informe que debió presentarse con anterioridad y que «nunca se presentó», dijo el legislador Luis Fernando Torres, de Tiempo de Cambio (centroderecha).
Además, agregó que el parlamentario oficialista de Alianza País Mauro Andino, «presentó varios cambios al proyecto original sin que tampoco hayan sido debatidos» en el Parlamento, aunque el asambleísta aludido aseguró que esos cambios fueron dados a conocer y que la norma fue debatida por cerca de dos años.
Los legisladores opuestos a la aprobación no descartan presentar un nuevo recurso por razones de fondo, al entender que figuras como el «pánico financiero», que sanciona informaciones falsas en materia económica, pueden chocar con la Constitución.
Otro aspecto que será estudiado por los opositores será el tratamiento que el código da a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado que, de acuerdo con la versión de Tiempo de Cambio, permitiría castigar a compañías mercantiles, fundaciones e incluso clubes deportivos al margen de la responsabilidad que tuvieran sus directivos.
Estas críticas se producen a renglón seguido de su aprobación en la Asamblea, donde el martes culminó un intenso trámite que motivó también el rechazo de algunos sectores por otros apartados del texto legislativo.
Entre ellos, figura el tratamiento de la mala práctica profesional, que dio lugar a las protestas de médicos y que propició sesiones de diálogo entre legisladores y representantes de esa profesión.
El código, finalmente, establece penas de uno a tres años en caso de muerte por mala práctica profesional y de hasta cinco años si el fallecimiento es consecuencia de acciones ilegítimas, peligrosas o innecesarias.
Además, el texto incluye nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato (asesinato pagado), el tráfico de migrantes, la trata de personas, la omisión de denuncia de tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado.
Otras acciones punibles con el nuevo texto penal son la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la retención ilegal de aportes a la seguridad social y el enriquecimiento privado no justificado.
Tras su aprobación en la Asamblea, resta conocer la decisión del presidente del país, Rafael Correa, quien tiene en sus manos la potestad de sancionarlo u objetarlo, por lo que todavía pueden producirse modificaciones en el articulado.
Pero los asambleístas contrarios al procedimiento seguido para su aprobación parlamentaria ya aseguraron que, en cualquier caso, presentarán un recurso. EFE