La Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmó la condena a un año y medio de prisión impuesta al asambleísta opositor Cléver Jiménez y otros dos ecuatorianos por injurias al presidente Rafael Correa, informó la agencia pública Andes.
El tribunal desestimó un recurso de casación interpuesto por los condenados contra la sentencia inicial, de abril pasado, cuando también fue condenado a la misma pena el asesor de Jiménez, Fernando Villavicencio y a seis meses de prisión el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa.
Los tres fueron denunciados por el presidente por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando Correa estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
Presentaron una denuncia con esta versión en la Fiscalía, que la calificó de temeraria y maliciosa al no haber demostrado las acusaciones y no la acogió, por lo que el mandatario inició un juicio por injurias, cuya condena fue confirmada ayer.
Correa dijo a principios de mes que se han encontrado supuestos datos «contundentes» sobre el aparente «hackeo» o robo de información confidencial de documentos y correspondencia digital suya y de varios de sus colaboradores.
El mandatario se basó en un registro de la oficina de Jiménez y la vivienda de Villavicencio ordenada por un juez en diciembre para decomisar ordenadores y otros equipos informáticos.
«Aquí hay un delito gravísimo, durante meses se han ‘hackeado’ mensajes, las comunicaciones del presidente de la República, del Vicepresidente (Jorge Glass), del asesor jurídico (Alexis Mera), de la Secretaría Nacional de Inteligencia», sostuvo entonces el jefe de Estado.
«Nuestra decisión es enjuiciarlos penalmente», luego que «se haga la auditoría de las computadoras y se confirme» que ellos se apoderaron de información confidencial, lo que configura el «delito de divulgación de documentos interceptados de forma ilegal».
El legislador ha dicho que, pese a la incautación de sus ordenadores, tiene documentos que confirmarían presuntos actos de corrupción en el Gobierno ecuatoriano que revelará en su momento. EFE
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