Nueva York, 21 feb (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) condenó hoy los «excesos» contra los manifestantes durante las protestas de los últimos días en Venezuela y la «censura» y amenazas a los medios de comunicación.
«El Gobierno ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil», dijo hoy el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La organización denunció que fuerzas de seguridad han cometido «excesos» contra los manifestantes «en múltiples ocasiones» durante las protestas, además, de «censurar» a medios de noticias y amenazar con perseguir penalmente a medios privados.
HRW, que hace días ya llamó al Gobierno venezolano a respetar la libertad de expresión y de reunión, acusó a las autoridades del país de cometer «golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas» desde el pasado 12 de febrero.
El grupo dijo haber recibido «denuncias serias» de defensores de derechos humanos que indican que las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes desarmados en Caracas y otras partes del país.
Asimismo, aseguró que «muchos manifestantes» han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad, desde abusos físicos o amenazas de golpizas a violación sexual.
«La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley», indicó HRW, que añadió que los manifestantes que participaron en violencia deben rendir cuentas por sus actos.
Respecto a la detención el pasado martes de Leopoldo López, la organización dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro todavía no ha presentado «evidencias creíbles» que vinculen al líder opositor con la comisión de delitos.
HRW dijo que varios gobiernos de América Latina como Argentina, Bolivia, Cuba o Ecuador han expresado su apoyo al presidente, Nicolás Maduro, y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país.
«Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles», comentó Vivanco.
Sobre el hostigamiento a la prensa, HRW detalló que el pasado 11 de febrero el director de Conatel, William Castillo, advirtió a los medios que la cobertura de incidentes violentos podía suponer una violación de la Ley de Responsabilidad Civil.
Precisamente hoy el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela confirmó que al menos 55 comunicadores han sido agredidos desde el pasado 12 de febrero durante la cobertura de las distintas marchas y acciones de protesta que está viviendo el país.
El grupo indicó que desde entonces diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno.
HRW aseguró que la organización no gubernamental local Espacio Público ha documentado hasta la fecha un total de 17 casos de periodistas que fueron detenidos, agredidos o ambos entre el 12 y el 16 de febrero.
Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó ayer al canal de televisión estadounidense CNN de «propaganda de guerra» contra su país e informó de que había empezado el procedimiento administrativo para expulsar a ese canal si no rectifica.
El canal estadounidense dijo que el Gobierno venezolano ha revocado el permiso de trabajo a su corresponsal en Caracas, Osmary Hernández, una medida que también afecta a la presentadora Patricia Janiot y a Rafael Romo, de CNN Internacional.
Previamente, el Gobierno dispuso que las cadenas de televisión por cable del país dejaran de transmitir el canal internacional de noticias NTN 24 por la difusión de las protestas, al considerar que procuró «transmitir la zozobra de un intento de golpe».
Además, Maduro dio instrucciones a su ministra de Comunicaciones e Información, Delcy Rodríguez, para que tomara medidas contra los corresponsales de la agencia AFP por haber «distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero».
Venezuela vive desde hace varios días marchas que han derivado en algunos puntos en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos violentos que protestan contra las políticas del Gobierno, con un saldo de ocho muertos, decenas de heridos y detenidos. EFE