Jiménez, Villavicencio y Figueroa abandonan comunidad Sarayaku

QUITO, Ecuador (AP) — El exasambleísta Cléver Jiménez y otras dos personas, todos fugitivos de la justicia y condenados a prisión por injurias contra el presidente Rafael Correa, abandonaron la comunidad indígena de Sarayaku donde se habían refugiado.

El dirigente indígena Nelson Calapucha dijo el viernes en diálogo telefónico con The Associated Press que «ellos salieron la noche del miércoles. No sabemos adónde se han ido, lo único que dijeron es que no querían causar problemas a la comunidad ni cargar con ninguna responsabilidad por algún problema con la comunidad».

Afirmó que la comunidad de Sarayaku, en el medio de la selva, les había dicho que «eran libres de pedir perdón al presidente, de regresar a sus casas o de entregarse, por eso se fueron».

Calapucha, un indígena quichua y líder de las 11 nacionalidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana, dijo que desconoce el paradero de los tres fugitivos y precisó que «aunque sepamos no vamos a decir nada».

Jiménez, asambleísta del partido de los indígenas Pachakutik, su asesor Fernando Villavicencio y el exdirigente de los médicos Carlos Figueroa, fueron sentenciados a 18 meses de cárcel, los dos primeros, y a seis meses, el tercero, tras acusar al presidente Correa de crímenes de lesa humanidad aduciendo que dispuso atacar un hospital para rescatarlo durante la revuelta policial de septiembre de 2010. Además de las penas de prisión deben pagar 145.000 dólares como indemnización al jefe de Estado.

Los tres recibieron el fallo de última instancia a mediados de abril y desde entonces desaparecieron en el sur del país. Hace poco se supo que los había acogido la comunidad de Sarayaku, que desde fines de la década de 1990 ha impedido la exploración y explotación de petróleo en sus tierras, incluso mediante acciones violentas.

El presidente de Sarayaku, José Gualinga, dijo en un video subido a YouTube que los tres condenados «ya no están dentro del asentamiento comunitario desde cuando supimos la supuesta incursión de la fuerza pública».

Gualinga expresó que la decisión de proteger a los tres fugitivos en su comunidad «se trata del sentido estrictamente humanitario, para garantizar la vida, el derecho humano del asambleísta Jiménez y de los dos compañeros que lo acompañan».

Correa había acusado a los indígenas de no respetar el Estado de derecho y de crear un Estado dentro de otro Estado por acoger a los tres fugitivos.

«En ningún momento Sarayaku ha violentado el Estado de derecho», sostuvo Gualinga.

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