La ong Amnistía Internacional ha proclamado una «acción urgente« para proteger la vida y la integridad de 243 personas, en su mayoría estudiantes, detenidas en Venezuela entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de mayo, mientras pernoctaban en las calles en «campamentos de la libertad» que habían instalado en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.
«El paradero de los que aún no han sido puestos en libertad siguen siendo desconocidos. Corren el riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos», asegura el comunicado de Amnistía.
Entre 7 y 8 de mayo las fuerzas de seguridad en los municipios Chacao y Baruta de Caracas detuvo a 243 personas en cuatro campamentos provisionales construidos en el marco de manifestaciones contra el gobierno. Algunas de estas 243 personas ya han sido puestos en libertad, entre ellos algunos menores de edad.
Los familiares de los detenidos han expresado su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad en su operación para desmantelar los cuatro campamentos improvisados construidos por los manifestantes. Los familiares también han declarado que no han podido establecer el paradero exacto de sus familiares a raíz de la detención.
Amnistía Internacional dice que ha recibido decenas de denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en el momento de la detención, durante el traslado y en los centros de detención. Y dice creer que «la seguridad de los detenidos y el derecho al debido proceso están en grave riesgo» .
Aministía hace un urgente pedido para escribir «inmediatamente» a las autoridades de Venezuela, pidiendo:
1. Que hagan público el paradero de todos los detenidos, y asegurarse de que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos, y que se les dé acceso inmediato a sus abogados y familiares y reciban la atención médica que puedan necesitar;
2. Que se liberen a los detenidos a los que no se acuse de un delito tipificado en las leyes; se respete el derecho de todos los acusados al debido proceso e instando a las autoridades a que se abstengan de hacer declaraciones que atentan contra la presunción de inocencia;
3. Que se reconozca que el Estado tiene el deber de mantener el orden público, respetando los derechos humanos, sin usar la fuerza excesiva, y respetando el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Las cartas deben dirigirse a:
Ministro de Justicia y del Interior
Gral. Miguel Rodríguez Torres
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Av. Urdaneta, Edificio Interior y Justicia Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 506 1685
Email: asistenciadirecta3@gmail.com
Fiscal General
Dra. Luisa Ortega Díaz
Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México
Caracas, Venezuela
Email: ministeriopublico@mp.gob.ve
Fax: +58 212 578 3239