Caracas, 27 may (EFE).- El comisario venezolano Iván Simonovis, de 54 años, inició hoy una huelga de hambre en una cárcel militar próxima a Caracas, donde cumple una pena de 30 años de prisión por dos de las 19 muertes registradas en el golpe de Estado de 2002 al entonces mandatario, Hugo Chávez.
«No podemos seguir aguantando la inercia del Poder Judicial», declaró a los periodista Iván Tamayo, abogado de Simonovis, tras censurar una supuesta «lentitud en la respuesta sobre una medida humanitaria» de excarcelación solicitada debido al «deteriorado estado de salud» de su defendido.
«Iván Simonovis está grave de salud», destacó el abogado al afirmar que ha registrado «seis ingresos de emergencia» en hospitales.
El comisario, añadió Tamayo, es víctima de «un problema jurídico: hay una solicitud de medida humanitaria que tienen que resolver los tribunales (…), no los políticos, no el Ejecutivo».
La condición de Simonovis está siendo evaluada actualmente por un nuevo equipo médico, según se acordó el mes pasado en el marco del diálogo político que inició el Gobierno con la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el fin de superar la crisis desatada desde febrero a raíz de las protestas antigubernamentales.
La Justicia ha negado medidas humanitarias a favor de Simonovis, condenado en 2009 a 30 años de prisión por los sucesos del golpe que en 2002 derrocó brevemente al entonces presidente, Hugo Chávez, fallecido en 2013.
La esposa del comisario, Bony Pertiñez, que insiste en la inocencia de su marido en las muertes durante la intentona, ha señalado que una medida humanitaria «no genera ninguna impunidad» porque se trata de una medida establecida en las leyes.
Pertiñez sostiene que su esposo «está muy mal de salud» debido a una osteoporosis severa, hipertensión y otras 18 patologías.
Esa medida humanitaria para Simonovis, al que la oposición considera un preso político, ha sido una de las reivindicaciones de la MUD en la mesa del diálogo iniciado el 10 de abril para superar el clima de crisis que comenzó con las protestas contra el Gobierno el 12 de febrero.
En el marco de ese diálogo se acordó la designación de una junta médica que evalúe la situación de Simonovis y también escuchar a la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 (Asovic), que rechazó de forma tajante la posibilidad de una amnistía y, en especial, la libertad del comisario.
La MUD ha pedido al Gobierno venezolano gestos como la excarcelación de Simonovis que traduzca en hechos las conversaciones de la mesa del diálogo, que continúa abierto aunque sin reuniones desde hace semanas.
El Gobierno venezolano ha rechazado en varias oportunidades que en la mesa se pueda acordar que haya casos de impunidad y el ministro de Exteriores, Elías Jaua, señaló que «el gran objetivo de este diálogo es garantizar la paz y la estabilidad de Venezuela, no para la desaplicación de la justicia penal». EFE