La fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo ejecutivo han figurado los tres principales dirigentes de «Podemos» (Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre) ha recibido desde 2002 al menos 3,7 millones de euros del Gobierno de Hugo Chávez, según las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura de España, de acuerdo a una investigación publicada por el diario El País.
Podemos, la formación que lidera el español Pablo Iglesias, supuso la sorpresa de las últimas elecciones europeas, en las que logró cinco escaños.
Según El País, los pagos del Gobierno venezolano, retribuciones por convenios de asesoramiento político, superaron el 80% de los ingresos de esta fundación “sin ánimo de lucro” nacida en 2002 para promover “la redistribución de la riqueza”. El Gobierno español y la Generalitat valenciana son también clientes de esta fundación.
Pablo Iglesias, líder de la formación política creada hace cuatro meses, trabajó en 2006 y 2007 para la fundación desde Venezuela. Desde 2008 hasta ahora, ha figurado como miembro de su dirección. En su currículo, Iglesias se autodefine como “responsable de análisis estratégico de la presidencia de Venezuela con la fundación CEPS”. Errejón, jefe de campaña de Podemos, ha sido directivo de CEPS y durante años firmó sus cuentas. Y Alegre, número dos de Podemos, ha figurado como directivo de CEPS. Ninguno de los tres ni la fundación han aceptado hablar con El País, según detalla ese diario.
El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha trabajado también en Ecuador, asesorando en la elaboración de la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente de Montecristi. El 3 de enero de 2008, el procurador del Estado y el CEPS firmaron un contrato de asesoría constitucional por 12 mil euros mensuales para tres expertos (Roberto Viciano, Marco Aparicio y Francisco Palacios) que debían trabajar hasta el 31 de agosto de 2008.
En total, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha brindado asesoría jurídica y política a los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Paraguay y según sus principios, apuesta “por el poder constituyente como capacidad democratizadora de avance histórico de las mayorías sociales”.