La organización de derechos humanos Human Rights Watch llamó este lunes al Congreso de Ecuador a modificar un «alarmante» proyecto de enmiendas constitucionales, que permitiría la reelección indefinida y condicionaría las acciones judiciales de ciudadanos contra el Estado, informó Diario El Universo, citando un despacho de AFP.
«Las reformas propuestas facilitarían que el gobierno aplique restricciones arbitrarias a medios de comunicación y utilice habitualmente a militares en operativos de seguridad pública, y al mismo tiempo dificultarían que los ciudadanos puedan presentar denuncias judiciales en casos de abusos», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
«Esta alarmante combinación privaría a víctimas de abusos cometidos por autoridades del acceso a un recurso efectivo», añadió Vivanco, citado en un comunicado de HRW, que pide a los legisladores que modifiquen algunas partes del proyecto.
El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, planteó a finales de junio una lista de 17 enmiendas constitucionales ante la Corte Constitucional, que -según la ley- debe autorizar al unicameral Parlamento a tramitar los cambios en la Carta Magna en vigencia desde 2008.
Las enmiendas permitirían la reelección indefinida a todos los cargos de elección popular, y abriría las puertas al presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, a participar en los comicios de 2017.
«Ecuador debe asegurar que el presidente en ejercicio no se beneficie injustamente de las normas vigentes», dijo Vivanco.
Las enmiendas también buscan reducir de 35 a 30 años la edad mínima para ser presidente, declarar «servicio público» a las comunicaciones y facultar a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo para la seguridad interna.
Según HRW, la etiqueta de «servicio público» serviría al gobierno como «pretexto» para «ejercer amplias facultades regulatorias sobre todos los medios de comunicación».
La organización también criticó la amplitud de la nueva potestad de los militares, «sin prever condiciones, como que la intervención debería ceñirse a circunstancias excepcionales».
El proyecto también estipula incorporar una regulación a la llamada acción de protección, un recurso de los ciudadanos contra actos arbitrarios del Estado, para decidir en qué casos puede ser inadmitida.