Un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), presentado ayer en Washington, concluye que las injerencias del poder Ejecutivo sobre el Judicial en Ecuador se han sucedido en los últimos años, lo que podría tener “consecuencias negativas para la carrera judicial y para la protección de derechos humanos”, según el texto.
“Existe en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los que está de por medio el interés gubernamental”, señala el informe, elaborado a partir de entrevistas realizadas en Ecuador en septiembre del año pasado, y complementado con abundante documentación. El texto examina 12 casos de relevancia social y el papel que han jugado tanto los tribunales como las autoridades.
La debilidad del sistema judicial que se encontró Correa en 2007 trató de enmendarse con la Constitución que implantó un año después. El nuevo texto concedía a los magistrados la última palabra sobre la efectividad de los derechos de los ciudadanos, algo que quedó eclipsado en buena medida con la consulta popular de mayo de 2011. A través de una modificación constitucional, recuerda el informe, remodeló el Consejo de la Judicatura “para darle un perfil claramente político”. “El papel de la judicatura empezó a seguir un patrón: no ir en sentido contrario a los intereses del poder Ejecutivo”, señala Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, una organización colaboradora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lleva 20 años trabajando en estudios sobre independencia judicial.
Luis Pasará, autor del informe, asegura que la independencia judicial “no es solo un problema de Ecuador”, pero cuenta con un componente que agrava la situación: “Hay pruebas que lo han hecho todo mucho más evidente y menos disimulado que en otros países. En este caso, estamos hablando de un aparato que funciona para conseguir lo que el Gobierno busca”,
Las constantes injerencias de Correa en materia judicial es algo que también preocupa a Salazar: “No hay más ambiente de terror que ver a quien dirige el país opinando de lo que dicen los jueces. Las declaraciones de las autoridades, incluyendo al presidente, sobre sentencias judiciales, supone una interferencia muy fuerte”, concluye.
Para Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, este informe es una «recopilación de opiniones sin fundamentos» y calificó como «político» al pronunciamiento de estos organismos. Para el funcionario «no hay derecho que una organización de esta naturaleza se convierta en censor de la justicia ecuatoriana». Habló de «mala fe» al plantear esos informes sin ningún fundamento técnico ni estadísticas.
«No hay nada nuevo en este informe que no hayan dicho opositores políticos al Gobierno», opinó Jalkh, quien cuando ocupó el cargo de Ministro de Justicia presentó a Luis Pasará, autor del análisis, «como un reconocido profesor de la Academia Iberoamericana, docente de la Universidad de Salamanca» y se declaró «honrado» de presentar uno de sus estudios en el Derecho Interno.