El Secretario de Comunicación Fernando Alvarado ha solicitado a la Contraloría, a través de su cuenta de Twitter, que «actúe en el marco de sus competencias» respecto al contrato firmado por la Embajadora del Ecuador en Washington, Nathalie Cely, por seis millones de dólares por un año, con una empresa radicada en Nueva York, pero con directivos ecuatorianos, denominada McSquared, con el objeto, según el contrato, de contrarrestar a las fuerzas que intentan menoscabar la imagen de líder mundial del Presidente Rafael Correa.
Dos de los funcionarios de McSquared, María del Carmen Garay Calero, y Jean Paul Borja, han firmado por lo menos nueve artículos (entre ambos) publicados en medios incautados por el gobierno ecuatoriano o bajo el control de la Secretaría de Comunicación, que por otro lado, es la encargada de administrar el trabajo y quien solicitó la contratación.
Frente a la especulación sobre el tema McSquare, como ciudadano solicito públicamente a Contraloría q actúe en el marco d sus competencias.
— Fernando Alvarado E (@FAlvaradoE) agosto 4, 2014
El contrato fue defendido por el presidente Rafael Correa, el pasado sábado, y explicó que se lo suscribió «para enfrentar la millonaria campaña que inició la petrolera Chevron para desprestigiar al Ecuador». El presidente también rechazó que se haya buscado apuntalar su imagen como líder mundial. “No sé de dónde sacaron eso”, reclamó, aunque aquello consta en el propio contrato, dentro de las consideraciones para justificar este trabajo.
“Apenas se gastó 6,4 millones de dólares ante las centenas de millones que ha invertido Chevron para desprestigiar al país”, dijo el presidente. Añadió que el Estado no podía quedarse de brazos cruzados ante la que calificó como “arremetida criminal” de Chevron, por lo cual tuvo que también contratar empresas de relaciones públicas.
Documentos difundidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaron el 11 de julio pasado el contrato en el que Ecuador se comprometió a pagar 6.408.000 dólares a la agencia de relaciones públicas MCSquared, con sede en Nueva York, después que la compañía reportó sus actividades ante el gobierno estadounidense.
Aquellas personas naturales o jurídicas que buscan influencia sobre la opinión pública, las políticas o las leyes estadounidenses deben reportar sus actividades a las autoridades, según la ley sobre agentes extranjeros, sancionada en 1938 para enfrentar la propaganda nazi.