Panamá, 21 ago (EFE).- La sala penal de la Corte Suprema de Justicia panameña negó hoy la fianza de excarcelación solicitada a favor del exasambleista ecuatoriano Galo Lara, detenido en Panamá desde junio pasado tras serle revocado su asilo en este país.
La Oficina de Comunicaciones del Supremo panameño informó de que «los magistrados de la sala penal integrada por Jose Ayu Prado, Harry Diaz y Jeronimo Mejia Negaron la solicitud de fianza» a Lara Yepes.
El exlegislador ecuatoriano «continuara a órdenes del minrex (Ministerio de Relaciones Exteriores)», señala la breve comunicación del Supremo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá había anunciado la mañana de este jueves que es «procedente» la solicitud de extradición del ecuatoriano Lara Yépez hecha por el gobierno de este país suramericano.
Lara Yépez, quien ya fue notificado de la decisión, tendrá 15 días hábiles para presentar un «incidente de objeciones» ante la Corte panameña, si así lo consideran sus abogados.
Lara llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del entonces presidente, Ricardo Martinelli, le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró en una decisión inédita en la historia diplomática del país.
El exasambleista ecuatoriano está detenido desde el pasado 11 de junio, luego de que la CSJ resolviera en una audiencia que el opositor ecuatoriano debía permanecer en prisión preventiva hasta que la Cancillería de Panamá decidiera sobre su extradición a Ecuador.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia panameña suspendió el pasado 5 de agosto una audiencia oral en la que tenía previsto atender una petición de fianza de excarcelación, debido a que varios magistrados del tribunal que atendieron el caso estaban impedidos de conocerlo por haber tenido actuaciones previas en este proceso.
El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2003-2005) lo visitó a finales de julio pasado en el Pabellón 6 de la cárcel de máxima seguridad La Joya, en la capital.
Gutiérrez pidió a Panamá que reconsidere el haberle revocado el asilo a Lara y le permita quedarse en el país porque en Ecuador su vida peligra.
La Cancillería panameña ha explicado que revocó el asilo porque recibió «documentación» de Ecuador que «constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política» en contra del exlegislador.
Lara, uno de los más destacados legisladores de oposición contra el gobierno de Rafael Correa, fue acusado por el régimen de ser el autor intelectual del asesinato de toda una familia, cometido en 2011 en la localidad de Quinsaloma. Los jueces inciaron un proceso en su contra sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional, alegando que la nueva Constitución permitía enjuiciar legisladores cuando los actos de los que se los acusaban no estaban relacionados con su dignidad legislativa.
En una ocasión anterior, ya la Asamblea había negado la petición de levantar la inmunidad parlamentaria de Galo Lara, a solicitud del gobierno, quien intentó enjuiciarlo por supuestas injurias en contra del régimen.
En diciembre de 2012, la Corte Nacional de Justicia lo declaró inocente de los cargos de los que fue acusado. Pero el Fiscal General apeló. El 2 de septiembre de 2013, una sala de la Corte Nacional lo declaró cómplice del asesinato, y lo condenó a diez años de prisión.