Quito, 19 sep (EFE).- Las manifestaciones de esta semana en Ecuador, una de simpatizantes y otra de críticos al Gobierno, evidenciaron un serio pulso entre ambos bandos, un choque del que unos y otros dicen haber salido vencedores, como suele suceder en estos casos.
Tanto el oficialismo y sus seguidores como los grupos sindicales y sociales críticos agotaron durante los días previos a las manifestaciones sus argumentos y sus reivindicaciones para, a la postre, salirse de lo concreto (impuestos, empleo, reforma laboral) y centrarse en un debate sobre la vigencia del proyecto gubernamental.
Si los convocantes de la manifestación de rechazo al Gobierno la calificaban de éxito, el presidente del país, Rafael Correa, subrayaba que sus simpatizantes fueron más numerosos y llegó incluso a hablar de unos 4.000 críticos frente a 10.000 progubernamentales.
A partir de ahí, en los días siguientes, el debate ya no se centró tanto en las reivindicaciones sociales y en las críticas a la gestión gubernamental, sino en los supuestos indicios de cambio frente a la vigencia de la Revolución Ciudadana, el proyecto oficialista, que la manifestación pudo poner de relieve.
La marcha, y otras que se celebraron en varias ciudades del país, podría ser el «origen de un proceso de reestructuración de la organización social y la lucha popular», según el catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, Édison Paredes, citado por el diario El Comercio.
El Gobierno, con Correa al frente, no ha dudado en restar importancia a la fuerza y a la categoría política de los manifestantes, y no solo con el dato numérico de asistentes, sino al vincular a fuerzas como el extinto Movimiento Popular Democrático (MPD) con unos incidentes violentos ocurridos durante la marcha celebrada en Quito.
Los protagonistas de esos sucesos, según el gobernante, estarían actuando de forma indirecta en favor de una supuesta «restauración conservadora» que opera en el país con fines desestabilizadores.
El tema de fondo, para el Ejecutivo, ya no son tanto las reivindicaciones sobre la subida del precio de los pasajes del transporte público o sobre supuestas restricciones al ejercicio del derecho de huelga, como plantean los sindicatos, sino la estabilidad de la Revolución Ciudadana, como el oficialismo denomina a su proyecto político.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) principal convocante de la manifestación aseguró que los sindicatos no pretenden «desestabilizar» al Gobierno o que se hayan alineado a los grupos opositores de derechas, como asegura el Ejecutivo.
«Nosotros hemos marchado por la defensa de los derechos laborales» y para «decirle al Gobierno que tenemos inquietudes» sobre el proyecto del nuevo Código del Trabajo, aseguraban sus dirigentes tras la protesta.
Pero, pese a ello, el argumento del oficialismo, expresado por Correa, consiste en vincular a estos grupos, de forma directa o indirecta, con una derecha «retardataria» que, según él, está presente en buena parte de Latinoamérica y que ha demostrado sus pretensiones desestabilizadoras en casos como el de Venezuela y los incidentes registrados en ese país durante los meses precedentes.
Por el supuesto avance de esa «restauración» es por lo que el oficialismo se ha preocupado de reforzarse con la creación, esta misma semana, de un frente político encabezado por el movimiento que respalda al Gobierno, Alianza País (AP) y al que se han integrado otras catorce organizaciones nacionales y locales de izquierda.
Y así lo confirma la propia declaración constitutiva de esa coalición, denominada «Unidos», en la que sus integrantes hablan de «evitar los afanes desestabilizadores de una derecha que se rearma con el objetivo de restaurar las políticas conservadoras y añejas de un pasado que anhelan resucitar». EFE