Caracas, 5 oct (EFE).- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó hoy que acusó formalmente en los tribunales a tres jefes de organismos de seguridad durante la llamada IV República (1958-1999) a los que involucra en la «guerra sucia» contra grupos de izquierdas y guerrilleros de la época.
Se trata del director general durante 1982 de la luego extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), Remberto Uzcátegui; el entonces director de Inteligencia del organismo, José Domínguez Yépez, y el comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Los tres fueron acusados el pasado viernes, precisó Ortega, de los delitos de «concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales».
También acusó como encubridores de los mismos delitos al fiscal militar de la época, Luis Velie Guerra, y el médico forense Guillermo Solano.
Adicionalmente, Solano fue acusado de violar la Ley de Ejercicio de la Medicina con la «emisión de certificaciones falsas» sobre las causas de las muertes.
La fiscal no reveló si los acusados han sido apresados o si conoce sus domicilios, aunque sugirió que residen fuera del país.
Todos están involucrados en la llamada «Masacre de Cantaura», un aparente ataque militar perpetrado por sorpresa el 4 de octubre de 1982 en un campamento de una veintena de activistas de izquierda en la localidad de Cantaura, en el oriente venezolano.
La fiscal remarcó en el programa dominical de la emisora privada Televen dirigido por el periodista José Vicente Rangel, titular de varios cargos durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), que «hay personas» que «tratan de borrar la historia pasada» en busca de una impunidad que ahora combate la Fiscalía.
En la Fiscalía existen 1.635 casos denunciados de desapariciones forzadas durante los 40 años de la IV República, como se conoce el período de Gobiernos socialdemócratas y democristianos que se alternaron en el poder tras el fin de la dictadura militar en 1958 y hasta el primer triunfo electoral de Chávez, en diciembre de 1998.
En la presentación de su libro «La Desaparición Forzada en Venezuela«, hace seis años, el entonces vicepresidente Rangel subrayó que ese tipo de práctica contra activistas de izquierdas «no empezó en las dictaduras militares del Cono Sur americano, sino en gobiernos democráticos de Venezuela«.
Las desapariciones sistemáticas de militantes, las torturas, las muertes en supuestos enfrentamientos forjados y otras práctica de «la guerra sucia» se iniciaron, de acuerdo con Rangel, durante el gobierno del presidente socialdemócrata venezolano Raúl Leoni (1964-1969).
La última detención de involucrados en la «guerra sucia» fue anunciada por la Fiscalía el 22 de febrero de 2013, cuando se conoció que el exagente Manuel Tirado, de 63 años, presuntamente involucrado en la muerte en 1973 de un activista detenido y desaparecido en el marco de la denominada «política de terrorismo de Estado», fue arrestado al presentar una identificación falsa.
La fiscal general dijo que Tirado participó en la detención, desaparición y muerte del universitario Noél Rodríguez, en junio de 1973, caso por el cual se encuentra detenido desde el 27 de octubre de 2012 José Omaña, de 74 años, exjefe en Caracas del ya extinto Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA).
El cuerpo de Rodríguez, militante de Bandera Roja, un grupo que en la actualidad forma parte de la oposición a la llamada Revolución Bolivariana iniciada por Chávez y continuada por su mentor y sucesor, el presidente Nicolás Maduro, fue hallado en 2012 en una tumba sin nombre en uno de los cementerios de Caracas. EFE