El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en el marco de su informe semanal, explicó sobre su visita a Costa Rica para asumir la presidencia pro témpore de la Celac. Desmintió que el Ecuador haya vetado una resolución de apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El primer mandatario manifestó que esa declaración, sobre el supuesto veto de Ecuador, fue falsa y fue el resultado de una equivocación que se originó en la cancillería de Costa Rica. El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, ofreció una rueda de prensa para explicar que no fue el Ecuador el país que se opuso a incluir ese tema en la resolución final de la Cumbre de la Celac. Tampoco dijo el país que habría manifestado esa oposición.
Correa explicó que esa oposición, de un tercer país, se dio porque hubo un error de procedimiento al incluir ese tema. Cuando los países se pusieron de acuerdo en los temas que incluiría su resolución, no hablaron de respaldar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pese a que reiteró que la oposición no fue de Ecuador, Correa dijo que sí se habría opuesto a esa inclusión ya que no cree en la legitimidad de la Comisión Interamericana, con sede en Washington, la capital de un país que no ha declarado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
El tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ocupó algunos minutos de la intervención del presidente en el Enlace Ciudadano No. 409, que se desarrolló desde la Estación de Tren de Chimbacalle, al sur de Quito.
Antes de regresar al Ecuador, Correa visitó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. El presidente de ese organismo jurisdiccional, el colombiano Humberto Sierra Porto, agradeció públicamente al Ecuador por la decisión de contribuir con el financiamiento de la Corte.
Al referirse a este tema, Correa arremetió en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por dictar medidas cautelares cuando, a criterio del mandatario, no tienen esa atribución. Por el contrario, dijo que la Corte Interamericana está revestida de esa facultad así como puede dictar sentencias de obligatorio cumplimiento para los países que han suscrito el Pacto de San José y que han ratificado la competencia jurisdiccional de la Corte.
Elogió que los juristas a su criterio más destacados del continente sean jueces de ese tribunal, a diferencia de la Comisión a cuyos miembros acusó de pertenecer a ONGs y a EE.UU. Correa expresó que no oculta sus intenciones: desconocer la autoridad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comentó que los 24 países que están sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana son estados latinoamericanos, por ende, esa Corte debe ser el corazón de un nuevo Sistema Latinoamericano de Derechos Humanos, sin la comisión ni la injerencia de los estados anglosajones de Norteamérica, es decir, Canadá y Estados Unidos.
Piensa que el mecanismo para comenzar el fortalecimiento de la Corte es financiando suficientemente, por parte de los 24 estados sujetos a su jurisdicción, de tal modo que los jueces puedan trabajar permanentemente y no solo en periodos de sesiones, que son convocados determinadas veces del año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos y es el único ente con competencia sobre los 35 países del continente americano para tutelar los derechos humanos. La Corte solo lo hace en 24. El mandato de la comisión proviene de la Carta de la OEA, y se desarrolla en el Pacto de San José. Esta Comisión, con sede en Washington, es además el único organismo que puede supervisar a países como Estados Unidos, donde no llega la jurisdicción de la Corte.
El procedimiento para activar la facultad contenciosa de la Corte Interamericana, de acuerdo al Pacto de San José, consiste en que la Comisión presente la denuncia contra un Estado por la violación de derechos humanos. Es decir, la Comisión cumple un rol fundamental y normativamente indispensable en el funcionamiento de la Corte.