Caracas, 3 feb (EFE).- El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, redobló hoy la aplicación de sanciones a algunos comerciantes venezolanos a los que acusa de participar en una «guerra económica» a través del acaparamiento de productos o con la generación de colas frente a los comercios.
La madrugada de este martes fue intervenida la cadena de supermercados Día a Día por presuntos delitos de acaparamiento luego de que Maduro ordenara ocupar las tiendas y detener a los propietarios de esa compañía por participar en una «guerra alimentaria».
«He dado órdenes precisas», dijo el lunes el presidente al comentar que instruyó la «ocupación» de los supermercados, además de que «sea regularizado el servicio al pueblo» y que «sean detenidos los directivos y dueños de esta empresa».
El presidente del Parlamento, el oficialista Diosdado Cabello, se encargó de la operación llevada a cabo contra la compañía de madrugada y en declaraciones a los periodistas desde el almacén de la empresa aseguró que allí se encontraban 2.500 toneladas de productos escasos en el mercado venezolano.
Como parte de las investigaciones, el parlamentario informó de que el propietario de las más de 30 tiendas se encuentra «en un proceso de investigación, sometido a un interrogatorio por los organismos de seguridad».
Cabello se preguntó por qué en el almacén se encontraban productos «de alta rotación» como la harina de maíz con fecha de producción del pasado mes de agosto.
Este martes, además, la Fiscalía venezolana informó de la detención de cinco personas que fueron encarceladas por los delitos de acaparamiento y especulación en una empresa de productos cárnicos de la localidad noroccidental de Punto Fijo.
La Fiscalía indicó que miembros de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, en respuesta a las denuncias recibidas por clientes de este establecimiento, llevaron a cabo una inspección.
Durante la misma «notaron que dentro del establecimiento se encontraba almacenada gran cantidad de productos cárnicos, además de neumáticos e insumos médicos; estos dos últimos, no incluidos en el ramo de alimentos (…), mercancía vencida y con sobreprecio».
Además de especulación y acaparamiento, a estas cinco personas se les acusa de presuntamente incurrir en los delitos de boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos y agavillamiento (asociación para delinquir).
Estas acciones se suman a la iniciada el pasado domingo contra la cadena de productos farmacéuticos y de droguería Farmatodo.
El Gobierno ha dicho que los ejecutivos de la cadena, con 167 tiendas en el país, deberán explicar por qué propician colas en las puertas de sus locales y les acusa de mantener las cajas con poco personal, lo que los empresarios atribuyen a la Ley del Trabajo que establece dos días de libranza continuos para todos los trabajadores.
Los comerciantes aseguran que la crisis de escasez se debe a los problemas de asignación de divisas para la importación de productos y materias primas, mientras que el Gobierno responsabiliza a los empresarios de generar una «percepción» de escasez para «irritar» a los venezolanos.
El presidente de la principal patronal venezolana (Fedecámaras), Jorge Roig, rechazó hoy las ocupaciones de tiendas por parte del Gobierno, acciones que tildó de «expropiaciones», y pidió que la «mano dura» que dice que se le aplica a la empresa privada, se le aplique al sector público.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) de Venezuela, Mauricio Tancredi, pidió al Gobierno «respeto» a la empresa privada y aseguró que los «ataques» contra la misma no darán «confianza» a los inversionistas.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (FFV), Freddy Ceballos, también criticó las acciones contra Farmatodo aunque dijo tener la información de que la red de farmacias no será intervenida.
El propio Maduro afirmó el lunes que «tenemos que obligar a que esta tienda en manos de sus dueños funcione», por lo que parecía descartar una expropiación o intervención de la misma.
Entretanto, el Gobierno venezolano rechazó hoy las nuevas sanciones impuestas por la Administración de EE.UU. contra funcionarios venezolanos y advirtió de que Venezuela «se reserva todas las acciones que en el campo diplomático y del Derecho Internacional fuesen necesarias para defender» su soberanía e independencia.
En un comunicado, el Ejecutivo afirmó que las medidas «coercitivas» impuestas en su contra «contravienen la voluntad de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe expresada en la declaración de profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales» suscrita por la III Cumbre de Jefes de Estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) hace una semana.
Asimismo, aseveró que no reconoce «bajo ningún concepto la pretensión imperialista de imponer una jurisdicción extraterritorial ni injerencia de ningún tipo por parte de potencias extranjeras».EFE