Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los detractores del gobierno ecuatoriano fueron agredidos y desacreditados, y no se respetaron los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) de 2014.
«Las manifestaciones multitudinarias contra las políticas del gobierno fueron habituales y las autoridades siguieron reprimiéndolas, en lo que parecían ser intentos de desalentar a la oposición», dice el informe de Amnistía.
En noviembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia confirmó una sentencia contra la empresa petrolera estadounidense Chevron por daños ambientales. La Corte resolvió que Chevron debía abonar más de 9.500 millones de dólares estadounidenses a las comunidades indígenas amazónicas afectadas.
Pero en 2014 un tribunal federal de EEUU impidió que se recaudara el monto concedido en concepto de daños a la selva tropical al aducir que la decisión del tribunal ecuatoriano se había obtenido por medios corruptos, por lo que en octubre las víctimas pusieron la demanda ante la Corte Penal Internacional.
Siguió cerrada la Fundación Pachamama, organización de defensa de los derechos de los indígenas y de los derechos ambientales, clausurada por las autoridades en diciembre de 2013 mediante un decreto ejecutivo que otorgaba al gobierno amplios poderes para supervisar y disolver ONG.
En octubre, el gobierno pidió perdón al pueblo kichwa de Sarayaku y admitió que el Estado había puesto en peligro sus vidas y medios de subsistencia al permitir a una empresa petrolera llevar a cabo actividades de exploración en su territorio en 2002 y 2003.
El pueblo kichwa de Sarayaku había ganado una batalla legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012. Sin embargo, al finalizar 2014, Ecuador todavía no había concluido la retirada de 1,4 toneladas de explosivos abandonados.
Los planes del gobierno para explotar los recursos petroleros del Parque Nacional de Yasuní, hogar de las comunidades indígenas tagaeri y taromenane, desataron protestas públicas.
En enero, el periódico El Universo y el caricaturista Javier Bonilla (conocido como Bonil) fueron multados y obligados a rectificar el contenido de una caricatura, en virtud de la Ley de Comunicación de 2013.
En diciembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que garantizaba el derecho a la reparación de las víctimas y familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1983 y 2008 y documentadas por la Comisión de la Verdad creada en 2007.
El nuevo Código Penal, promulgado en enero, mantuvo como delito el aborto en caso de violación, salvo en el supuesto de que la víctima sufriera una discapacidad intelectual, pero los intentos de despenalizar el aborto para todas las víctimas de violación chocaron con la fuerte oposición del presidente. EFE