El Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha ha declarado culpables en calidad de autores a 63 procesados por su participación en el delito de paralización de servicios públicos, ocurrido el 30 de septiembre del 2010, (30S), al tomarse la pista de la Base Aérea de Quito, como protesta al veto presidencial a la ley de servicio público que había aprobado la Asamblea Nacional. El Tribunal también ratificó el estado de inocencia de 8 personas, según ha informado la web de la Fiscalía.
Otros cuatro procesados no se presentaron a la audiencia, por lo que no pudieron ser juzgados y son considerados prófugos de la justicia.
No se ha informado la pena que se impondrá a los sentenciados, pero el diario oficial El Telégrafo ha señalado en su portal web que según el nuevo código penal la pena para tal delito es de uno a tres años de prisión. El juez ponente, Pablo Coello Serrano, indicó que la providencia debidamente fundamentada con el tiempo de la pena privativa de libertad será enviada a los casilleros judiciales de los sujetos procesales en los próximos días.
El proceso penal se inició el 26 de marzo del 2013, con la instrucción fiscal contra 84 policías y militares.
En la audiencia, el fiscal Iván Ron, citado por la web de la Fiscalía, ha sostenido que existen suficientes elementos de convicción y pruebas que demostraron la participación de los imputados en el mencionado delito. Entre estos constan vídeos de los distintos medios de comunicación que transmitieron los hechos, experticias de los análisis faciales de los procesados, informes de Criminalística y testimonios que corroboraron los hechos.