Washington.- Edison Lanza es de los periodistas que se formaron en las salas de redacción de los diarios. Comenzó cuando tenía 17 años. Cuando se graduó de abogado se convirtió en el defensor del sindicato de periodistas de Uruguay.
Desde el derecho combatió las normas penales que eran utilizadas, a título de responsabilidad ulterior, de forma desproporcionada y excesiva para obstaculizar el trabajo de los periodistas y la difusión de información de interés público. También es docente universitario.
Hoy es el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recibe a La República.EC en su oficina en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Comenta que hablará de los casos particulares de los países una vez que se publique el informe de la Relatoría en el que se evalúa el estado de la libertad de expresión en el continente, que saldrá a la luz el próximo 17 de abril. Sin embargo, señala que dará algunas luces al respecto a ese derecho y a su rol en el cargo que desempeña desde hace pocos meses.
Edison, ¿alguna vez ha sido censurado en su ejercicio del periodismo?
– Sí, como todos los periodistas que hacemos periodismo riguroso y que buscamos la verdad. Sufrí algunos despidos vinculados a mi ejercicio del periodismo y a que quería publicar cosas que el poder no quería que se publicaran en ese momento. Sufrí algunos juicios. Afortunadamente no fui víctima de agresiones o amenazas graves.
En base a su experiencia de periodista, ¿por qué cree que al poder le incomoda la libertad de expresión?
– Porque muchas veces es el único factor que los gobiernos no pueden controlar. Los límites que surgen desde el periodismo -sobre todo en muchos de nuestros países- son vistos no como una regulación para el ejercicio del poder con respeto a los derechos humanos sino como un obstáculo al objetivo de acumular poder o de permanecer en el poder. Entonces sucede que la libertad de expresión es lo que permite que los periodistas cumplan un papel de perro guardián, de revisar aquellas cosas que el poder no quiere que se revise y decir las cosas que el poder quiere ocultar.
¿Cómo lidiar con esa tensión?
– Eso genera tensiones inevitablemente entre el poder y los medios y entre el poder y los periodistas. Algunos países los resuelven bien y otros de manera con lo que son los estándares internacionales de derechos humanos. Creo que el hecho de que el periodista ejerza directamente la libertad de expresión es algo que a muchos gobiernos incomoda. Cualquier persona puede y tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y el periodista hace eso.
¿Qué debería hacer un periodista cuando se intenta usar leyes contra él para callarlo?
– Bueno, muchas veces no puede hacer nada más que defenderse. Yo creo que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que tiene definiciones claras respecto a este tema, es una cuestión interesante para aquellos países que todavía utilizan el derecho penal para penalizar expresiones. La Comisión Interamericana (CIDH) ya lo ha dicho y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión lo establece claramente: el uso del derecho penal para penalizar o criminalizar expresiones de interés público o difusión de información es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana (Pacto de San José). Es el mecanismo más agresivo que tiene el Estado y no debería utilizarse para perseguir a los periodistas o a los ciudadanos que hacen uso de la libertad de expresión. Es desproporcionado y de algún modo ilegítimo de acuerdo a los estándares del SIDH y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto me parece que cuando hay un periodista víctima de ese uso desproporcionado del derecho penal lo primero que tiene que hacer es ejercer la defensa y agotar los recursos internos, y si no tiene satisfacción debe acudir al SIDH. Cuando tiene el riesgo de perder la libertad hay antecedentes por los que la CIDH ha otorgado medidas cautelares para pedirle al Estado que no ejecute esas sentencias.
¿Qué pasa con los Estados que desconocen la facultad de la Comisión Interamericana para dictar medidas cautelares?
– La Comisión reitera las medidas y hace un seguimiento y eventualmente puede pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los instrumentos que tiene, pero las medidas cautelares son dictadas por la CIDH en virtud de que la propia Carta de la OEA establece a la Comisión como un órgano principal del organismo, los estados tienen que cumplir de buena fe los instrumentos internacionales que suscriben.
¿Usted es periodista titulado?
– No soy titulado. Me formé en las salas de redacción. Hice algunos cursos pero no de grado, no universitarios, los hice porque creo en la libertad de expresión. Defiendo que los Estados no pueden exigir una licencia o permiso especial o título habilitante a los periodistas para ejercer el derecho a la libertad de expresión. De hecho en mi país y en la región periodistas de la talla enorme como en Colombia García Márquez o en Uruguay Galeano, Benedetti u Onetti, nunca tuvieron título y fueron de las mejores plumas que tuvo el periodismo a nivel de América Latina y así en todos los países. Si uno revisa en Uruguay, Argentina, Brasil, los mejores periodistas, las mejores plumas y la mejor opinión es de mucha gente que no es periodista, que se ha formado en las redacciones o en la literatura o en la crónica urbana o rural, pero no tienen título habilitante, por lo tanto creo en eso. Creo además que no es lo mismo un periodista que un médico, el médico no ejerce un derecho fundamental cuando cura, sí ayuda a que la gente acceda al derecho a la salud, pero en sí mismo la profesión no encierra el ejercicio de derechos fundamentales, en cambio el periodista cuando actúa, cuando hace actos encaminados a buscar, recibir y difundir información está ejerciendo la libertad de expresión.
Es decir, ¿usted se opone a las leyes que en los países del continente exigen titulación para el ejercicio del periodismo?
– Sí. Absolutamente.
¿Qué puede hacer la Comisión Interamericana para enfrentar la arremetida que recibe en su contra por parte de algunos gobiernos que la cuestionan?
– Yo creo que la Comisión no es un órgano extraño a los Estados de la región y que es una joya del hemisferio porque si uno revisa su actuación ha sido impecable frente a los desbordes de poder y frente a las dictaduras que se hicieron con los gobiernos y que excluyeron la democracia. Ha sido un factor fundamental para el fortalecimiento democrático y yo creo que la región está en un momento en que debería pensar seriamente en que muchas de las sugerencias de la CIDH ayudarían a fortalecer los sistemas democráticos. No se debe ver a la CIDH como un obstáculo para el desarrollo humano y desarrollo democrático de la región. Humildemente me parece que es un error de aquellos que piensan que para tener un desarrollo económico o para tener un desarrollo social hay que desconocer a la CIDH, por el contrario, el sistema interamericano en su conjunto ayuda a resolver los problemas estructurales.
¿Y la Relataría que usted dirige?
– No es cierto que la Comisión o la Relatoría trabaje en contra de los Estados. Nosotros tenemos mucho más trabajo con los Estados que contra ellos, pero bueno, para bailar se necesita dos y muchas veces no se nos pide esa colaboración a tiempo o se entiende que nuestros pronunciamientos buscan condenar a un Estado. Todo lo contrario, lo que estamos es señalando que hay determinados problemas estructurales referidos a la libertad de expresión y al derecho a la información, por lo que pedimos a los Estados que rectifiquen esa situación. De hecho la Relatoría y la Comisión no discriminan entre Estados, así sean del hemisferio norte o central o caribe o América del sur. Hay informes, audiencias y señalamientos sobre todos los países, no hay uno del que se diga que es perfecto y no necesita de las sugerencias.
¿La CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión no defienden a las corporaciones mediáticas, como dicen algunos gobiernos?
– El sistema es de las víctimas, no podemos ser tan soberbios de decir que los únicos factores que importan son la Comisión y los Estados. Es por las víctimas y para las víctimas que existe el SIDH, por lo tanto es un patrimonio no solo de los Estados y de la OEA sino también es de los americanos en general, que van y acuden al sistema. Hay miles de personas que traen casos, eso no es un invento de la Comisión, es más, a veces la Comisión y la Relatoría están desboradas por la cantidad de casos. Ante los problemas de calidad democrática que hay que mejorar tenemos esta instancia como lugar y vía para canalizar violaciones a derechos humanos.
¿Qué opina sobre la crítica a que la sede de la Comisión sea en Washington, un Estado que, en opinión del presidente Correa por ejemplo, no ratificó el Pacto de San José?
– La Comisión no funciona solo en Washington, lo que funciona en Washington es la Secretaría Ejecutiva y la propia OEA, entonces sería muy difícil que la Comisión y todo su andamiaje administrativo funcionara lejos de donde está la Secretaría General de la OEA. Pero aclaro: la Comisión funciona en los países, todos los años tenemos visitas in loco, si hay fondos se hacen audiencias y sesiones en los países. Yo vivo más en la región que en Washington, vivo más visitando la región a pedido de la sociedad civil, de la academia, de los Estados, por lo tanto, funcionamos en el hemisferio y a veces más en América Latina que en otros lugares. De hecho los comisionados no viven en Washington, muchas veces los períodos de sesiones y audiencias se hacen aquí por razones económicas, acá hay la sala de reunión, soporte administrativo, gestión, etc. Pero también han sesionado en distintos países en el pasado reciente y en el más lejano. Yo me acuerdo haber ido a litigar casos y a discutir soluciones amistosas de Uruguay cuando yo era parte de la sociedad civil en Asunción o en el propio Montevideo, donde sesionó más de una vez.
¿Por qué hay una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y no para otros derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos?
– Sí la hay. Ya hace un año que la Comisión aprobó la creación de una Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto hoy ya hay dos relatorías especiales, una sobre el artículo 13 y los artículos relacionados a la libertad de expresión, que es un derecho civil y político, y otra referida directamente a los derechos económicos, sociales y culturales. Es una potestad de la Comisión crear relatorías especiales, lo ha hecho en contextos históricos muchas veces impulsada por los propios Estados. Son los Estados y la sociedad civil muchas veces los que nos marcan las prioridades cuando obviamente señala o pone de manifiesto que hay un problema estructural en la región. A fines de los 90s los Estados vieron que la libertad de expresión era un elemento fundamental para la democracia y se creó esta relatoría. Ahora los Estados están señalando que es su compromiso la equidad, el combate a la pobreza, el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, por tanto la Comisión como caja de resonancia de esta situación ha creado una relatoría especial. Está en marcha el proceso para la designación del primer relator especial, así que yo creo que esto es una muy buena señal de la Comisión en cuanto a que hay interdependencia de los derechos.
Usted acaba de hablar de interdependencia de derechos, es decir, ¿si se viola el derecho a la libertad de expresión se afecta todo el sistema de derechos humanos?
– Sí, lo dice la propia Convención. El goce de uno de los derechos no puede anular el goce de otros derechos, por lo tanto es un tema en el que la Comisión está trabajando. La Relatoría que yo tengo a mi cargo trabaja esta interdependencia a fin de establecer cuál es la relación de la libertad de expresión y la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la relación entre la libertad de expresión y los derechos de las personas LGBTI, el derecho al acceso a la información pública, los derechos de las mujeres y los de los migrantes. Cada vez más estamos trabajando esta interdependencia, la relación entre privacidad, anonimato y libertad de expresión, por ejemplo. Todos son derechos que están en distintos artículos de la Convención y protegidos de distintas formas pero que hay que empezarlos a ver de forma interdependiente.
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