El presidente Rafael Correa reiteró este martes la defensa a la denominada Ley de Justicia Laboral, aprobada la semana pasada por la Legislatura, y cuestionó la manipulación y “guerra psicológica” de sectores de oposición que buscan convertir a esta norma en el principal tema a rechazar en las movilizaciones del 1 de mayo próximo en que se conmemora el Día del Trabajo.
Durante la ceremonia de inauguración del proyecto hídrico para el control de inundaciones Bulubulu, en la provincia de Cañar (suroeste), el mandatario criticó la desinformación respecto a las reformas al financiamiento del fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que es uno de los componentes del cuerpo legal.
El jefe de Estado insistió que la ley garantiza las pensiones para los jubilados y la sostenibilidad de ese fondo y señaló que más allá del subsidio de 1.100 millones de dólares anuales que se venía entregando al IESS como subsidio -pese a que esa institución es autónoma y su actual economía no amerita tal depósito- el Estado continúa siendo, de lejos, el mayor aportante para el sostenimiento del sistema.
Indicó, por ejemplo, que el aporte patronal del Estado al IESS (empleados del sector público) supera los 500 millones de dólares; además se entregan otros 97 millones de dólares anuales para el seguro social campesino.
Explicó, además, que por el incremento de afiliados que pasaron del año 2006 de 1’400.000 afiliados a 3’100.000 asegurados en 2015, los ingresos pasaron de 1.000 millones a 4.000 millones de dólares, debido a que también se mejoraron considerablemente los salarios de los servidores públicos y por ende se incrementaron los recursos para las pensiones jubilares.
“No me vengan con que no tienen dinero y que tenemos que subsidiarlos todos los ecuatorianos. No me vengan los sepultureros del IESS a darnos cátedra de seguridad social porque este es el gobierno de los trabajadores y de la verdadera seguridad social”, manifestó el presidente.
En ese marco, Correa recordó a los gobiernos pasados, cuyos subsidios no iban en beneficio de las clases de menos recursos sino a los sectores más pudientes, como el salvataje bancario que le costó al país más de 8.000 millones de dólares.
Y cuestionó que esos grupos políticos y ciertos medios de comunicación privados obvian, por ejemplo, que la Ley de Justicia Laboral visibiliza -por primera vez en la historia- a 1’200.000 amas de casa, cuyo aporte a la economía será reconocido con la afiliación al sistema de seguridad social. [I]