La Asamblea Nacional trata desde esta mañana el primer debate de los proyectos de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y Ley que regula la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en las rentas por la explotación o industrialización de los recursos no renovables.
El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial busca fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo y su relación con cualquier otra que incida significativamente sobre el territorio; articular las competencias de ordenamiento territorial y planificación sectorial para el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio.
También tiene como objetivo garantizar los derechos a la ciudad, al hábitat y la vivienda, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad; promover un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno; y, racionalizar el crecimiento urbano de las ciudades para garantizar la seguridad alimentaria.
Contempla las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo; normas orientadas a los procesos de ordenación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados y del Gobierno Central; desarrolla el planeamiento del uso y la gestión de suelo como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales; el modelo institucional que delimita las competencias de los distintos niveles de gobierno; y se establece un conjunto de sanciones.
Con respecto al proyecto de Ley que regula la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en las rentas por la explotación o industrialización de los recursos no renovables, la Comisión de Gobiernos Autónomos concluyó que esta propuesta cae en la imposibilidad de su tratamiento, pues contraviene el artículo 135 de la Constitución, ya que es potestad del Presidente de la República presentar proyectos que aumenten el gasto público, por lo que recomienda el archivo. (I)