La Asamblea Nacional concluyó ayer el primer debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que tiene como propósito planificar el desarrollo nacional, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos para acceder al buen vivir; y, promover el desarrollo equitativo y solidario.
La presidenta encargada de la sesión, Rosana Alvarado, cerró el debate y los asambleístas tendrán tres días para enviar por escrito sus observaciones, a fin de que la Comisión de Gobiernos Autónomos las analice previo a la elaboración del informe para segundo debate.
En la segunda jornada de discusión del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, los asambleístas analizaron temas como el crecimiento desorganizado de la ciudad que pone en peligro la seguridad alimentaria y la naturaleza; configuración de la ciudad por intereses particulares o de ciertos sectores (inmobiliarios y grandes terratenientes); insuficientes herramientas para hacer efectiva la planificación municipal.
Además las ciudades inequitativas, segregación espacial de los ciudadanos, falta de servicios básicos, inequidad territorial, asentamientos humanos de hecho; falta de control y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.
Hablaron de la importancia de la redistribución del uso de tierras, la planificación; lineamientos para el crecimiento urbano para el aprovechamiento de los recursos agrícolas, de espacios verdes, y las edificaciones en zonas de alto riesgo.
María Augusta Calle planteó que se amplíen las disposiciones sobre las normas generales que regulan la construcción y exista planificación armónica para el uso del suelo. No está de acuerdo con la expansión de suelo para hacerlo urbano, argumentando que hay que proteger la soberanía alimentaria y preservar la riqueza del país que son los diferentes suelos agrícolas.
Lo rural no siempre es sinónimo de agrícola manifestó al indicar que el sector urbano ha crecido desordenadamente y hay que conservar lo estético. La Ley es necesaria para un país con planificación y para el derecho de los ciudadanos considerados como seres humanos y no como símbolo del capital, subrayó.
El legislador Luis Tapia señaló la trascendencia de la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, que permite acercar la gestión a la ciudadanía. Anticipó que se opone al proyecto porque atenta contra autonomía y busca controlar a gobiernos seccionales, restándoles competencias.
Mauricio Proaño dijo que hay temas que se pueden mejorar en la normativa, como la rectoría de las políticas de ordenamiento que a su parecer se pueden ejecutar de mejor forma. La expansión urbana hacia los valles agrícolas también lo anotó como problema de organización territorial. “Si no se hace ordenamiento seguro va a ver consecuencias a futuro en la planificación”.
A parecer de Moisés Tacle, no ha sido del agrado de los grandes tecnócratas, avanzar en la descentralización administrativa y autonomía de los municipios. Aseveró que éstos quieren imponer un modelo centralista, regulador, concentrador y sancionador, que no les gusta la autonomía de los GAD.
Carlos Viteri se refirió al marco constitucional que está en armonía con el proyecto de ley, mismo que se orienta a encontrar un balance adecuado entre la ciudad y el campo. Precisó que hay que precautelar la soberanía alimentaria, conservación y protección del ambiente, al asegurar que la ley es importante para la planificación adecuada del uso del suelo.
La norma nos dará un marco normativo que permite un correcto ejercicio de las competencias de los GAD, aseguró el legislador, mientras que Fausto Terán indicó que la Ley no quita autonomía ni competencias a los GAD.
Ramiro Aguilar indicó que con la ley habrá un ente central que le dirá a los municipios lo que van a hacer. Dijo que cuando un alcalde comete un error, un juez debe analizar su conducta y no el superintendente de ordenamiento territorial, como se propone en el proyecto.
Marisol Peñafiel expresó que es necesario revertir el modelo de las ciudades inequitativas de desarrollo que ha generado en la urbe desigualdades entre personas. La norma terminará esas inequidades y la concentración de la riqueza, aseguró.
Ahora hay un nuevo modelo de Estado, que es planificador que tiene como fin el ordenamiento territorial, racionalista la intervención sobre el territorio y defendiendo la estrategia para el desarrollo, destacó, al señalar que hay que enfrentar la especulación, concentración y aprovechamiento de tierras. (I)