El Universo se declara en rebeldía

Un plantón de los empleados de diario El Universo, el 17 de febrero de 2012, para exigir libertad de expresión. Foto: API

El diario El Universo ha decidido acogerse al derecho a la resistencia, ante la Superintendencia de Comunicación, según ha informado en un comunicado exhibido en la primera página de hoy. «EL UNIVERSO ha decidido acogerse al principio de la supremacía constitucional que garantiza nuestro derecho al debido proceso y al derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución, hasta que la Supercom con sus procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y el debido proceso», reza el comunicado.

El diario ha tomado esa decisión después que, en mayo, la Secom presentó una denuncia en contra del periódico por publicar una réplica solicitada el gobierno sin acogerse al titular y diagramación ordenada. «Ninguno de los instrumentos legales manda publicar títulos, diagramación, tipografía o diseño solicitados por el reclamante. Cumplimos, eso sí, con lo que señala la ley, la publicación gratuita, en la misma página, sección y espacio y en las 72 horas siguientes. Se recibió la notificación de la fecha de la audiencia tres días hábiles antes de su realización, sin que hubiera el tiempo necesario para preparar los medios adecuados para la defensa, se nos concedió solo 20 minutos para presentar nuestros argumentos, a pesar de que ni la ley, ni el reglamento limitan las intervenciones. Además, no llegamos al proceso, ni fuimos escuchados en condiciones de igualdad, puesto que la demandante era la Secom, que depende administrativa y financieramente de la Presidencia de la República, de acuerdo con el Decreto 386, y el juzgador es nombrado de una terna enviada por el presidente. Es decir que el demandante y el juzgador tienen el mismo origen», argumentan los directores.

El diario cita dos antecedentes:

«A los pocos meses de su designación, el superintendente se estrenó contra este Diario, sancionándolo a pagar una multa equivalente a más de 90.000 dólares porque consideró que la caricatura de Bonil, que expresaba su criterio en relación con el allanamiento de la Policía en el domicilio de Fernando Villavicencio constituía la toma de “posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura y en el texto de la misma”.»

«Un año más tarde, pese a todas las pruebas en contra, el superintendente concluyó que otra caricatura de Bonil, relacionada con una intervención del legislador oficialista Agustín Delgado durante una sesión en la Asamblea, tenía “contenido discriminatorio en razón de condición socioeconómica” y este Diario fue obligado a publicar disculpas en el impreso y por siete días consecutivos en la página web; pero, además, se ofició a la Fiscalía General para que investigue la posible comisión del delito de discriminación. La Fiscalía resolvió archivar el expediente por NO haber encontrado elemento alguno de la comisión del delito antes referido.»

«Con estos antecedentes», argumentan, «tenemos motivos para decir que hemos sido juzgados de manera absurda y arbitraria, en completo estado de indefensión, violando estándares básicos del debido proceso protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos».

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