Representantes de partidos políticos y grupos empresariales de Ecuador, así como ciudadanos de a pie insistieron hoy en que se archiven definitivamente dos proyectos de ley sobre herencias y plusvalía, que generaron diversas protestas y que el Ejecutivo anunció que retirará temporalmente del Legislativo.
En un mensaje a la nación, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció el lunes el retiro «temporal» de dos proyectos legislativos que había enviado a la Asamblea Nacional (parlamento) y que desataron protestas de críticos y sectores de la oposición la semana pasada en varias ciudades del país.
Guillermo Lasso, excandidato presidencial, exbanquero y líder de CREO, la mayor fuerza de oposición en la Asamblea, consideró hoy que se debe «dormir con un ojo abierto» tras la decisión y mantenerse «en pie de lucha» pues, en su opinión, lo anunciado es «simplemente una solución temporal».
Lasso anunció una manifestación para el próximo viernes en Guayaquil y expresó su esperanza de mantener un debate con Correa, quien el lunes aseguró que archivaría definitivamente las dos polémicas leyes si le demuestran que afectan a los sectores pobres y de clase media.
El mandatario izquierdista aseguró que las protestas de la oposición defienden los intereses de un pequeño grupo de familias acaudaladas que se oponen a gravámenes sobre las herencias y las ganancias extraordinarias sobre el valor de los bienes inmuebles.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, consideró hoy que con el retiro temporal de los proyectos de ley, el presidente busca «quemar tiempo, congelar el partido como cuando se va perdiendo para ver si al reiniciar el partido cambian las circunstancias».
Al anunciar el retiro de los proyectos, el mandatario llamó a un gran debate nacional sobre esas propuestas legales y señaló que su decisión también busca mantener un ambiente de paz y tranquilidad de cara a la visita del papa Francisco, entre el 5 y 8 de julio próximo.
Nebot, de tendencia de derecha, criticó que se haya usado la venida del papa como argumento para, según él, ganar tiempo y luego presentar los mismos proyectos: «es decir -apuntó- al atropello a los derechos, ahora se suma el engaño».
El alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, mantiene la convocatoria para una manifestación el próximo 25 de junio, no sólo por las polémicas leyes, sino por otras acciones que cuestiona del Gobierno.
Correa aseguró el lunes que el retiro de los proyectos se extenderá «hasta que se agote el debate» y que «solo será una espera» para desmontar «las mentiras» que la oposición, según dijo, ha difundido en contra de las propuestas.
Por su lado, representantes del sector empresarial saludaron la decisión del Ejecutivo, en insistieron en el archivo definitivo.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, calificó en la televisión Ecuavisa de «alivio parcial» la decisión de Correa, pero consideró que se trata de «un retiro con piola».
Los legisladores del movimiento oficialista Alianza País señalaron hoy que informarán a la ciudadanía sobre los dos proyectos de ley.
De su lado, la Iglesia católica señaló que «se alegra por la apertura al diálogo, único camino posible para encontrar soluciones justas y razonables, porque la violencia, venga de donde venga, es siempre destructiva».
Los obispos exhortaron «tanto al Gobierno como a la ciudadanía en general, a mantener en forma permanente este diálogo, porque en palabras del papa Francisco: ‘no puede haber paz sin diálogo'».
«Pidamos a Dios tener un corazón abierto para acoger opiniones diversas y buscar el mayor bien posible, tanto para el país como para cada uno de sus habitantes. Ha llegado el momento de lanzarnos a ‘esta bella aventura del diálogo’, no perdamos esta oportunidad histórica», señaló la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Mientras tanto, unas voces en redes sociales apoyan la decisión del presidente mientras otras insisten en que se mantengan las manifestaciones en las calles en exigencia de un archivo definitivo de los proyectos y otros cambios en la forma de gobernar de Correa, en el poder desde 2007. EFE [I]